Mexicanos
torturados, quemados y
en fosas comunes, con complicidad policial
Por Concha Moreno /
08/10/2014
CUANDO el estupor y la rabia
por la ejecución de 22 personas a manos del ejército aún estaban pintados en la
CARA de LOS mexicanos, otra noticia peor, si cabe, les sacudía: 43 estudiantes
habían “desaparecido” tras una redada policial. Y aparecieron. Al menos, una
PARTE: se descubrieron varias fosas clandestinas que alojaban a un número
indeterminado de personas con signos de tortura, quemados en parte, asesinados
brutalmente.
Todo comenzó el 26 deseptiembre en Ayotzinapa, Guerrero, donde alumnos de la Escuela Normal Rural
fueron agredidos por fuerzas policiales del Estado mientras hacían colectas de
víveres y de donaciones monetarias que solucionarían LOS problemas económicos
de su instituto. También intentaban conseguir que algún conductor de autobuses
les llevara al día siguiente a alguna de las protestas convocadas para evitar
que se aprobara un reglamento que consideraban improcedente.
Pero alguien consideró que yaestaba bien de algarabía, que molestaban, y cargaron contra ellos. Se sabe que
al alcalde de la localidad de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quería
impedir que los estudiantes llevaran su protesta al lugar donde su esposa,
María de los ÁNGELES Pineda Villa, rendía CUENTAS de su actividad al frente del
DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Encargó que les “callaran”… y se les
fue de las manos. Y callaron para siempre a siete personas, 25 más resultaron
heridas, y 43 estudiantes no aparecían.
En estos actos participaron
tanto policías municipales de Iguala, como personas vestidas de civil, quienes
debieron pasar “inadvertidos” para las múltiples fuerzas de pacificación de la
zona, compuesta por federales, la gendarmería y las fuerzas armadas, cuya
presencia es notoria en este Estado ante la vigencia del operativo “Guerrero
Seguro”. Los integrantes de ese operativo, supuestamente, luchan contra el
crimen ORGANIZADO.
El despertar del día después
puso una sombra de temor que fue acrecentándose a medida que pasaban las horas
y se carecía de noticias sobre el paradero de los muchachos. Se hablaba de
detenciones, pero nadie sabía a dónde los habían llevado ni quienes. Sospechas
había y muy fundadas, pero fuentes “oficiales” se habían apresurado a aventurar
que estarían “escondidos” para huir de la policía y del castigo que “se
merecían” por alterar el orden público, etc; etc.
La cruda realidad
La cruda realidad llegó en
forma de fosas donde había múltiples cadáveres (unos 28), y con ellas se empezó
a “destejer” el entramado oficial de acusaciones contra LOS muchachos, contra
la población, contra todo aquel que osó levantar el dedo hacia la alcaldía y la
policía. Porque el alcalde y el jefe de este cuerpo, Felipe Flores Velázquez,
habían desaparecido sin dejar rastro. No, no habían SIDO detenidos ni
“levantados”, como se dice en México. Se largaron a marchas forzadas para huir
de LOS crímenes de los que eran responsables directos. De ellos partieron las
órdenes de actuar contra los estudiantes .
Entonces comenzaron las
detenciones y las confesiones, y SALIÓ a la luz lo que esos dos personajes
intentaron tapar: que los jóvenes fueron metidos en camiones por la policía de
Iguala y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión de los
asesinos de los Beltrán Leyva. Parece más que comprobado que estos “guerreros”
eran los verdaderos dueños de Iguala. El alcalde y la policía, sus esbirros,
simples marionetas a su servicio.
Dos de los primeros detenidos
(29 hasta este momento) CONFIRMARON la ejecución de 17 estudiantes. Según
reveló Iñaky Blanco, procurador de Justicia de Guerrero, los asesinos
aseguraron que la orden de detener a los normalistas vino de Francisco Salgado,
director de Seguridad Pública de Iguala, mientras que el líder de la
organización delictiva Guerreros Unidos, llamado ‘El Chucky’, fue quien ordenó
asesinarlos.
Del resto de los chicos
todavía no se sabe nada, pero se especula con que irán apareciendo en otras
fosas, no muy lejanas, y en las mismas condiciones: torturados, quemados,
destrozados…, por el “CRIMEN” de protestar contra un sistema educativo con el
que no están de acuerdo. Y por la inseguridad, y por la represión, y por la
injusticia, y por la impunidad, y por tantas cosas…
Los padres de los estudiantes
han informado de que un grupo de especialistas argentinos va a participar en el
proceso de identificación de los restos para ayudar a esclarecer la verdad de los
hechos. No se fían de las investigaciones “oficiales”.
La represión de los
normalistas
El PRESIDENTE de la Limeddh*,
Adrián Ramírez López, ha emitido un comunicado en el que, entre otras cosas,
asegura que existen ataques sistemáticos en contra de las Normales Rurales
(centros a los que pertenecían los desaparecidos) a lo largo y ancho del país,
que tratan de destruir este modelo educativo utilizando todos los recursos a su
alcance para su desaparición, desde el recorte presupuestario, el cierre de dichos
centros educativos, las modificaciones de sus planes de estudio, la imposición
de AUTORIDADES en los planteles; las campañas de calumnias y descalificación de
sus egresados; la pérdida del derecho a las plazas laborales para sus
egresados; la criminalización y represión sistemáticas, ejecuciones
extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias.
Para Ramírez, las reformas
estructurales, y concretamente la educativa, “trata de acabar con este modelo
de formación de los normalistas** y en este marco se inscribe la masacre de
Iguala”. Responsabiliza a los tres niveles de gobierno y, sobre todo, por
negligencia criminal, al PRESIDENTE de la república, Enrique Peña Nieto, al
gobernador del Estado ÁNGELAguirre Rivero y al presidente municipal (alcalde)
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Que paguen todos
Precisamente, es la cabeza del
Gobernador la que se está pidiendo hoy a gritos (aunque ya se urgía su renuncia
estos días atrás) en todo el país, en manifestaciones y actos convocados por
CENTROS educativos y organismos de derechos humanos. Los ciudadanos quieren
acabar con la impunidad, con las agresiones sistematizadas de quienes deberían
protegerles, y con los abusos de sus dirigentes. Claman justicia y piden que se
detenga a todo aquel que esté implicado, sea quien sea.
Ante la gravedad de este nuevo
caso de asesinato masivo, el presidente Peña Nieto ha salido a la palestra para
apaciguar ánimos, se supone, pero su intervención, además de corta, ha
SIDOdemasiado “tibia”. Le ha faltado contundencia. Quizás, porque delante de su
residencia tiene a dos grupos pidiendo justicia: padres de los 49 niños que
murieron en la guardería ABC de Hermosillo (Estado de Sonora) hace cinco años,
y familiares de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez desde hace 20. Por
más que se le llene la boca de que su “prioridad” son los derechos humanos, los
mexicanos siguen sin ver ni un SÓLO avance.
*La Limeddh es filial de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial
contra la Tortura (OMCT) y está asociada a Trabajar Juntos por los Derechos
Humanos. Todos ellos con estatuto CONSULTIVO ante la ONU (Resolución 1296 del
ECOSOC).
**La Escuela Normal Rural es
una institución fundada en 1920 que tiene como objetivo la formación de los
profesores que llegan a las comunidades más aisladas de MÉXICO. Sus planteles
se encuentran distribuidos en las regiones marginadas del país. Guerrero es el
Estado más pobre y su Escuela Normal tiene un fuerte arraigo social, ya que los
egresados de sus aulas, regularmente, son personas de muy bajos recursos que reciben
el apoyo de su comunidad. Cuando un profesor rural se gradúa, la fiesta es en
todo el pueblo que lo vio partir, que lo apoyó en sus estudios de manera
económica y moral. Además, el pueblo que lo recibe le da asilo como un hijo
más.
