jueves, 23 de junio de 2016

Mineduc plantea prohibir con decreto tareas escolares los fines de semana.

 
 
La ministra de Educación afirmó que existe una sobreexigencia hacia los estudiantes. Parlamentarios señalaron que el problema de fondo es la Jornada Escolar Completa (JEC).
M. Bustos y F. Guzmán 22 de junio del 2016
“Partiría por enviar un decreto para impedir las tareas durante el fin de semana”. Esa es la idea que ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, presentó en la Comisión de Educación del Senado en el marco de la discusión del proyecto de ley que busca evitar el exceso de tareas escolares que se envían al hogar, el cual fue presentado por parlamentarios de la Nueva Mayoría.
 
Durante su exposición, la secretaria de Estado concordó en que existe una sobreexigencia hacia los estudiantes no sólo por los trabajos, sino que también por las largas jornadas escolares.
Pero Delpiano señaló que es preferible encontrar otras formas y hacer recomendaciones de carácter general y “no necesariamente hacer una ley. Una norma así dice que no se puede mandar ninguna tarea para la casa y me preocupa que tengamos una ley en blanco o negro. Vamos a terminar con profesores que les habría gustado dar algún trabajo”.

La idea del decreto fue bien recibida por el senador Jaime Quintana (PPD), uno de los parlamentarios que presentó el proyecto. “Es un primer paso, habrá que ver cuál sería el contenido del decreto y qué establecería específicamente, pero lo que pasa es que hoy no hay ninguna regulación, no hay planificación de las tareas, los profesores no se ponen de acuerdo. Hay casos donde cinco docentes mandan tarea y los niños se llevan esos cinco trabajos para la casa de distintas asignaturas. Eso significa que con suerte va a tener tiempo para comer y dormir”, remarcó el parlamentario.

Por otro lado, el senador Fulvio Rossi (PS), quien también presentó el proyecto, manifestó que aún es temprano para decidir qué acciones tomar. “Estamos recién invitando a la discusión. El Ministerio de Educación (Mineduc), no sabe cuál es el límite de horas de carga académica para los niños. En la Ocde somos el país con más horas de clases y nuestros resultados no son buenos. La mitad de los niños tienen problemas de salud mental o de estrés. Con estos antecedentes vale la pena reflexionar y no anticiparse a hacer un juicio”.

Para Paulo Volante, jefe del programa de Magíster de la U. Católica, quien defiende el rol pedagógico de las tareas, “las leyes tienen que ver con la homogeneidad, por lo que afecta todos por igual. Pero la educación y los proyectos educativos tienen que ver con las diferencias. Además, pretender solucionar un problema que tiene que ver con la calidad de la enseñanza con una ley parece desproporcionado”.

Para el profesor, el decreto no es una buena idea ya que “en algunos establecimientos se recomiendan los quehaceres para el fin de semana. A algunos les parecerá bien, otros dirán que se debería ser más flexible, pero eso corresponde a criterios pedagógicos. Debería haber menos trabajos, de mejor calidad y más atractivos para que funcionen”, dijo.

Jornada Escolar Completa

Para algunos parlamentarios el problema de fondo no son sólo las tareas, ni la idea presentada por la ministra es suficiente para el problema de la sobrecarga que enfrentan los estudiantes.

La senadora de la Comisión de Educación, Ena von Baer (UDI), indicó que la idea de impedir los trabajos el fin de semana “es una solución fácil por parte de la ministra. No está viendo el problema de fondo que es la Jornada Escolar Completa (JEC). En algunos colegios es muy larga y después de eso hay tareas”

En ese sentido, Von Baer señaló que cuando se puso en marcha la JEC “la idea era que durante la tarde se estableciera un espacio para otro tipo de actividades que no fueran sólo académicas. Y acá la discusión va por ese lado, es más de fondo y tiene que ver con cómo se estructuran las clases, con el currículum y toda la materia que se tiene que pasar”.

Rossi dijo que “la JEC fracasó en su objetivo: emparejar la cancha y generar espacios para otras actividades como deporte o arte, y en vez de eso aumentan las horas de matemáticas. Estamos transformando a los padres en instructores y terminamos con dos escuelas: en el colegio y en la casa”.

En esa misma línea, la ministra Delpiano reconoció que “queremos que la Jornada Escolar Completa vuelva a retomar el cauce que tenía originalmente, que es poder desarrollar los talentos de los niños en otras áreas como el deporte, el arte y las actividades extra programáticas”.

miércoles, 22 de junio de 2016

EEUU: así se ha desarrollado el juicio por el asesinato de Víctor Jara.


La segunda semana del juicio, que se desarrolla en Orlando, concluyó con la defensa de Pedro Barrientos –militar acusado de la muerte del artista- negando conocer al cantautor en esa época. La semana pasada se dio inició al juicio en la ciudad de Orlando, EE.UU donde se revisará la solicitud de extradición para Pedro Pablo Barrientos, militar chileno quién es acusado de ser uno de los asesinos y torturadores del icónico cantautor chileno Víctor Jara, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La demanda se había presentado de manera inicial el 2013 en Jacksonville, Florida, por parte del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco y se espera que se prolongue hasta el 29 de junio. La evidencia en contra de Pedro Barrientos –y el rol que habría jugado en el asesinato de Jara días después del golpe de Estado- se ha instalado en Florida desde el año 1989, pero este juicio es el primero en que el ex militar responde ante los tribunales. Barrientos, quien ya es ciudadano estadounidense, está acusado del asesinato extrajudicial y tortura de Víctor Jara en una demanda civil interpuesta por Joan Jara, exposa del artista, y sus dos hijas. Las tres han rendido también testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton.

La defensa de Barrientos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los 5 días de juicio que se han llevado a cabo, es que la defensa de Pedro Barrientos (67) es enfática en decir que el ex militar chileno desconocía la existencia de Víctor Jara, al igual que las torturas y asesinatos extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio Chile en 1973, donde el cantautor fue acribillado. El ex teniente del régimen de Pinochet, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009. A eso se le sumó su ex esposa, María Castro, quien testificó a favor de Barrientos, dijo incluso desconocer el golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, ocurrido cinco días antes del asesinato de Jara. La testigo señaló que fue en 1987 cuando supo del golpe y de la violencia que se desató en Chile por esa época, y recién en 2008 supo de Jara y de las muertes en el polideportivo.

Por otro lado, la semana pasada varios testigos de la acusación donde también hay varios ex oficiales chilenos, dieron testimonios para demostrar que Barrientos era uno de los militares a cargo del estadio, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y decenas de estudiantes y profesores. Además, señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del Estadio Chile, ahora Estadio Víctor Jara.

El día a día del juicio.  Los días de juicio se han desarrollado con varios aspectos llamativos. En el primer día Mark Beckett -socio de la firma Chadbourne & Parke- declaró en nombre de la familia Jara afirmando que “la única arma de Víctor Jara esa su guitarra” y que “fue apuntado solo porque era un símbolo del Gobierno democráticamente electo”. La viuda de Víctor, Joan Jara, subió al estrado para finalizar la jornada y Kathy Roberts de la CJA fue la encargada de las preguntas. Habló sobre su vida con Víctor y el significado de su tortura y muerte. Con dolor se refirió al impacto que le produjo la muerte del folclorista, afirmando que “mi vida fue cortada en dos”.

Día dos: Manuela Bunster, una de las hijas de Víctor Jara, declaró ante el jurado enfatizando que “no fuimos las únicas a quienes les pasó esto en Chile” y que “mis compañeros estudiantes fueron golpeados”. En esta jornada también declaró la periodista chilena de Ciper, Mónica González, quién manifestó que Víctor Jara “representaba el coraje mediante las canciones que contaba con dignidad” y habló sobre las condiciones del centro de detención del Estadio Chile. “Hubo un incidente donde asesinaron a jóvenes por escuchar canciones de Víctor Jara”, declaró. El día concluyó con los testimonios de un ex militar y un ex conscripto chileno que declaró en contra de Barrientos. “Él siempre mostraba su pistola, diciendo con esta maté lo maté”, contó además de confirmar, según su testimonio, que “Barrientos organizaba la guardia en el centro de detención del Estadio Chile”.

Día tres: Declaró Érica Osorio Araya, quien era estudiante en la Universidad Técnica del Estado en Santiago donde Víctor Jara hacía clases. Describió el día en que los militares sitiaron la universidad y ella junto a Víctor y otras personas en la universidad se refugiaron en el comedor bajo el gimnasio. Relató que soldados entraron, los empujaron contra las murallas y los golpearon con sus pistolas, describiendo el momento en que identificaron a Jara.

A Osorio se le presentó una fotografía de seis hombres jóvenes en uniforme y se le consultó si reconocía a alguno. Ella apunto a uno. Era Barrientos. Ella dice que lo vio hablando con el anunciador, quien luego proclamó: “Ahora sé qué haremos con ustedes”. Su impactante testimonio fue sustentado con los de cuatro conscriptos que sirvieron en la Escuela de Ingeniería de Tejas Verdes, en la mismo regimiento y compañía que Barrientos.
Todos ellos confirmaron que Barrientos estaba en el Estadio Chile. Uno lo vio llegar con un maletín en muchas ocasiones y lo vio todos los días en la formación. Además confirmó la atmósfera violenta dentro del estadio, declarando que los prisioneros eran golpeados con armas y sus cadáveres enviados en ambulancias. Finalmente narró que alrededor de 40 prisioneros recibieron la orden de correr por la calle principal de Santiago, donde fueron disparados a matar”. Afirmó haber visto a Víctor Jara en el estadio.

Día cuatro: Un sobreviviente del centro de detención del Estadio Chile testifica que fue sacado por los militares desde la misma universidad donde Jara trabajaba. Declaró que mientras estaba detenido en el Estadio Chile, Víctor Jara fue sujeto de múltiples golpes, tema del último poema de Víctor, compuesto en sus últimos días. El 15 de septiembre de 1973, antes de ser transferido al Estadio Nacional, Navia vio a Víctor Jara muerto y su cuerpo torturado entre una pila de otros entre 30 y 40 cuerpos, cerca de la entrada del estadio.

Día cinco: Un ex militar conscripto testificó haber visto a oficiales golpeando detenidos en los vestuarios del Estadio Chile, días después del golpe. El conscripto declaró que la ex esposa del teniente Barrientos lo engañó para firmar una falsa declaración, la cual él no pudo revisar debido a su analfabetismo. Él declaró que la esposa de Barrientos lo contactó y le consultó por “la verdad”. El conscripto accedió a dictarle una declaración, la cual ella grabó. Durante la declaración del conscripto, él descubrió que su testimonio dictado era irreconocible en comparación con la que la ex esposa de Barrientos había notariado y enviado como evidencia. En la tarde, se presentó el testimonio de Barrientos ante el jurado. En la declaración, Barrientos aseguró que no puede recordar ninguno de los nombres de los soldados que estuvieron bajo su mando, incluidos sus ex guardias. Él además manifestó que no conoció el Estadio Chile, sino hasta el 2009, a pesar de haber estudiado en Santiago antes de 1973. Asimismo, sostuvo que no conocía a Víctor Jara antes del año 2009. Finalmente, expresó que no supo de las torturas en el Estadio Chile, sino hasta el año 2009.

Barrientos además fue confrontado con la transcripción de una entrevista jurada del FBI, del año 2012, que fue parte del resultado de una investigación en Chile, respecto a su rol en la tortura y muerte de Víctor Jara. Los demandantes señalaron que había dado al FBI diferente información (versiones contradictorias) respecto de quién era y dónde estuvo entre el 12-17 de septiembre de 1973, en comparación con su declaración jurada para este caso. Por ejemplo, en la declaración del FBI , afirmó que se quedó con toda su compañía, más otra en el Ministerio de Defensa durante ese período de tiempo relevante; lo que significa que él estaba con 180 hombres. Sin embargo, ahora en su declaración, afirmó que no estaba nada más que con sus guardaespaldas, sólo cuatro personas más.
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Agrupaciones de ex militares alegan violación de derechos humanos a enfermos del penal. Los lobbystas de Punta Peuco. Jonás Romero 23 Junio, 2016

Desde hace un par de meses que representantes de la familia militar – algunos de ellos con imputaciones por crímenes a los DDHH- vienen generando un intenso lobby en el Congreso en pos de mejoras en sus sistemas de salud y pensiones, además del punto más polémico: la flexibilización de las penas para los militares detenidos en Punta Peuco. Esto ha derivado en dos proyectos de ley y una moción especial que, de aprobarse, permitirían a algunos de los enjuicidados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas en geriátricos, hospitales e inclusive en sus hogares. La iniciativa de estas agrupaciones abre un debate entre los defensores de los Derechos Humanos ¿Qué hacemos cuando sus violadores abogan por ellos?

El día 28 de octubre del año 2015, más de cien exuniformados se congregaron en un auditorio de Valparaíso para asistir a la fundación de la Multigremial de las Fuerzas Armadas; agrupación que congrega a Personal en Retiro de las instituciones castrenses, Carabineros e Investigaciones de Chile; y que en palabra de sus impulsores, busca -entre otros ítemes- “acabar con las condenas de presunción de algunos de los reos en Punta Peuco”.

En la ocasión, uno de sus invitados de honor fue el escritor y exministro de Cultura, Roberto Ampuero. En su discurso, cargado de críticas a la Nueva Mayoría -a quienes calificó de “jacobinos marxistas”-, el autor de Nuestros años Verde Olivo alabó la valentía de los exmilitares, marinos, carabineros y detectives de la PDI presentes, y los instó en la búsqueda del diálogo y el liderazgo “que Chile hoy tiene tan extraviados”.

Bajo un atronador aplauso, los presentes acordaron pactar reuniones con parlamentarios, ministerios “y hasta entidades internacionales de ser necesario” para velar por los Derechos Humanos de los reos presentes en Punta Peuco.

En poco tiempo, el llamado hizo eco en varios congresistas: actualmente existen dos proyectos de ley y una moción parlamentaria, apoyada por 19 senadores, entre ellos cuatro adherentes de la Nueva Mayoría -Jorge Pizarro, Manuel Antonio Matta, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar- que buscan la libertad vigilada intensiva y el cumplimiento alternativo de las condenas por motivos humanitarios a favor de reos que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal. De aprobarse, estas leyes permitirían que algunos de los reos presentes en Punta Peuco cumplieran sus condenas en geriátricos e inclusive en sus hogares. Esa noche, en Valparaíso, comenzó la historia de los lobbystas de Punta Peuco.

Reconciliación nacional y DD.HH. “Conjuntamente con saludarlo respetuosamente, y abusando de su siempre gentileza y atención, interrumpimos su apretada e importante agenda, para solicitarle una corta audiencia para dos integrantes de la Directiva de la ONG CREN; Organización de carácter humanitaria y solidaria, integrada por ex Generales y Oficiales de las FFAA, dedicada exclusivamente a la ayuda y apoyo humanitario de exmiembros de las FFAA”.

Así comienza la misiva que desde marzo de este año comenzaron a recibir autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y religiosas. Los firmantes: Sergio Canals Baldwin, Roberto Hernández y Eduardo Catalán Brunet, todos exmiembros de las Fuerzas Armadas, y con un pasado vinculado a la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura.

En sus propias palabras, la CREN (cuya sigla quiere decir Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos), se define como una organización de carácter humanitaria, y es una de las tantas agrupaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas aglomeradas bajo el manto de la Multigremial.
Eduardo Catalán Brunet, teniente (R) y vocero de ONG CREN.

“Queremos sensibilizar a todos los sectores políticos acerca de la falta de Derechos Humanos sobre los Prisioneros Políticos Militares presentes en Punta Peuco. Hemos conversado transversalmente con un sinnúmero de parlamentarios, y fruto de ese trabajo es que están saliendo los proyectos que vemos actualmente”, sostiene su vicepresidente, el teniente en retiro Eduardo Catalán Brunet.

Ingresado a la Escuela Militar el año 1964, Catalán llevaba seis años como teniente para el Golpe Militar. Según una investigación del periodista Jorge Escalante, Catalán fue uno de los primeros cuatro militares en hacer ingreso al segundo piso de La Moneda luego de la rendición de los colaboradores de Salvador Allende. Posterior a su carrera en el ejército, Catalán se tituló como abogado, y actualmente dedica al menos un día de la semana para viajar a Valparaíso a reunirse con representantes de la Multigremial y, en ocasiones, con los diputados y senadores quienes han aprobado sus solicitudes mediante la ley de lobby.

“Llegamos incluso a reunirnos con el senador Carlos Montes, quien luego de escucharnos nos dijo ‘yo fui torturado, ¡no me pueden pedir eso a mí!’ Y está bien, yo respeto eso, pero una cosa no quita a la otra”, agrega Catalán.
Para Sergio Canals Baldwin, otro de los miembros de la CREN, no se trata de impugnar las condenas, sino que los reos que padezcan enfermedades terminales o demencia senil las cumplan desde geriátricos o desde sus casas. “A mí me parece que por muy canalla que hayan sido algunos, no puedes jugar a ser más canalla que ellos. Esos viejos se están muriendo, ¿qué sacas con tenerlos ahí?”, sostiene.
Sergio Canals Baldwin, miembro de CREN y ocho veces productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar. La trayectoria de Canals Baldwin es, sin duda, particular. En el libro Terrorismo de Estadio, de la periodista Pascale Bonnefoy, se consigna que mientras Sergio Canals Baldwin era teniente del ejército, cumplió labores de seguridad en el Estadio Nacional. Aunque Canals niega haber pisado el recinto, varios prisioneros aseguran haberlo visto en el estadio y posteriormente en el centro de detención Chacabuco, donde fue oficial encargado de seguridad del Campamento de Prisioneros.

Tiempo después, llegó a ser segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana de la CNI entre 1981 y 1983, la cual dependía directamente de Álvaro Corbalán. Recientemente estuvo procesado en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez y por su participación como cómplice en los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, conocido como el montaje de calle Janequeo, en la comuna de Quinta Normal. Causas en las cuales aún no hay sentencia.

Luego de su paso por el ejército, Canals fundó la productora de eventos SCB (bautizada así por sus iniciales), de la cual es hoy director ejecutivo. En la página de SCB, se lee una breve reseña de su trayectoria como productor: “Vasta experiencia en la industria de la Televisión y Espectáculos, 25 años en Canal 13 participando activamente en el equipo realizador del destacado director Gonzalo Bertrán, y ocho años como Productor General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.

Para él, sin embargo, la causa de los presos en Punta Peuco va más allá de su vinculación con el mundo militar. “El problema no existe sólo en Punta Peuco, sino en todos los penales de Chile. La justicia, la reparación, eso no se toca. Pero tampoco podemos tener un ser humano que ni sabe qué es lo que pasa, ¡déjenlo vivir sus últimos días con su familia! Es una cuestión de lógica humana. ¡Chile necesita humanizarse!”. Para Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), hay algo grave en que estas agrupaciones se encuentren sosteniendo reuniones en el Congreso. “Están cambiando la realidad de la historia. Quienes ayer fueron bestias, hoy se están cambiando la piel y están tratando de instalar la idea en el inconsciente colectivo de que son unos pobres viejitos”, sostiene.

Sobre las imputaciones que actualmente existen sobre Sergio Canals, este se defiende. “Tengo un profundo respeto por Lorena Pizarro. Entiendo perfecto el otro lado, que hay mucho dolor, que no conocen donde están sus familiares. Pero también hay que escuchar lo que dice el padre Montes. Él es una autoridad transversal. Se dio cuenta que aquí también había una falla, algo que todos como sociedad tenemos que solucionar”, reflexiona. Para Pizarro, el tema no acaba ahí. “Si están envejeciendo, el recinto carcelario tendrá que hacerse cargo de sus enfermedades. Hay que recordar que existe un trato bastante inequitativo en torno a este tipo de presos y el común de los mortales”. En otro reportaje del periodista Escalante, se consigna que Roberto Hernández, el tercer miembro de la CREN que figura en las solicitudes a los congresistas, habría acompañado a la comitiva del teniente Kenny Aravena en el retiro de dos prisioneros de la Cárcel Pública para su posterior asesinato; enmarcado en los crímenes cometidos en el Regimiento de Buin.

Proyectos de ley. Uno de los argumentos más recurrentes de quienes defienden las iniciativas presentadas en el Congreso, es el del respeto a los Derechos Humanos del Adulto Mayor. “Yo creo que Chile no ha sido sancionado por algún organismo internacional de DDHH por gracia de Dios, nomás. Tener prisionera a gente que sufre de Alzheimer es una crueldad”, sostiene el senador por la Región de Atacama, Baldo Prokurica. En efecto, una de las resoluciones de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA garantiza en su artículo 13 “el acceso a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, se promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad (…)”.

El año pasado, Prokurica visitó Punta Peuco invitado por familiares de quienes allí se encuentran. Sobre lo que vio, cuenta: “Fue una experiencia muy dura, salí muy golpeado. He ido a muchas cárceles, este caso era especialmente muy duro”. “Me encontré con gente de 89 años, con muletas, personas con alzheimer que no saben dónde están, gente que está siendo tratada en un lugar que no tiene agua potable. Visité la cocina donde se prepara la comida tanto de los internos como de los funcionarios y es un desastre, no hay un restaurant de Santiago que pasaría una inspección con las normas de sanidad que presentaba esta cocina”, sostiene.

Actualmente, y según Gendarmería, existen 118 reclusos en el penal construido especialmente para exmilitares procesados por delitos a los DD.HH. Según la CREN, al menos una decena de ellos padece de demencia senil, y otros varios más son incapaces de velar por sus propios cuidados. “Hay familias que tienen que pagarle al vecino de celda para que les limpie el poto y le cambie los pañales a los prisioneros, porque es evidente que los gendarmes no se van a prestar para esas cosas”, sostiene Prokurica. El senador agrega: “seguir teniendo a esos viejos ahí, imposibilitados de ver a sus familiares cuando fallecen, es propio de nazis, de gente muy mala. Yo entiendo cuando los representantes de Derechos Humanos en Chile dicen que ellos fueron criminales atroces, pero ¿eso nos permite a nosotros hacer lo mismo con ellos?”.

El primer párrafo del proyecto de ley presentado por Prokurica (el cual también firman Iván Moreira y Francisco Chahuán) consigna que los condenados calificados de bajo compromiso delictual, y quienes durante el cumplimiento de su condena alcancen la condición legal de adulto mayor, podrían continuar “cumpliendo la pena impuesta bajo arresto domiciliario y custodia de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado hasta completar la condena impuesta”.

Alejandro Navarro, uno de los senadores que presentó el proyecto de ley junto a José Manuel Ossandón, asegura que uno de los problemas de la iniciativa es qué tan confiables serán los informes médicos que acrediten enfermedades catastróficas o mentales. “El gran estigma de quienes hoy alegan estados graves de salud o demencia senil, es la imagen de Pinochet bajándose del avión en Pudahuel, luego de estar detenido en Londres, levantándose de la silla de ruedas y besando el suelo del aeropuerto. Eso removió muy fuertemente la conciencia de todos: que el principal responsable de los crímenes contra los Derechos Humanos haya huido de la justicia mediante el ardid de fingir una grave enfermedad”.

Impunidad. “¡Los senadores no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad!” vocifera Verónica De Negri, madre del joven fotógrafo asesinado durante la dictadura, Rodrigo Rojas. Detrás de ella, una decena de mujeres pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) la siguen a coro, encadenadas a una de las rejas del ex Congreso Nacional. Hace tres días que como agrupación se enteraron de los proyectos de ley que buscan flexibilizar las penas para los reos presentes en Punta Peuco, y han decidido encadenarse para exigir una reunión con el ministro del Interior para presentar su oposición a los proyectos de ley.

“Por lo general, cuando visitan las comisiones en el Congreso, se presentan a sí mismos como ‘Conscriptos víctimas del terrorismo de Estado’. Pero lo que finalmente uno se encuentra es a sujetos vinculados a las FFAA, sujetos que fueron parte de la maquinaria criminal de la dictadura. Lo que hacen estas asociaciones, en el papel, es buscar impunidad para los violadores de derechos humanos”, sostiene Verónica De Negri, miembro de la AFDD.

Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación, complementa: “¿Acaso de nuestro lado no han pasado los años también? Carmen Vivanco está a punto de cumplir 100 años, y aún no hay claridad de dónde están sus cinco familiares desaparecidos por la dictadura. Entonces, en casos donde hay condenas que llegaron tarde, y donde ellos nunca colaboraron ¿nos vienen a pedir ahora que nosotros los ayudemos a morir más tranquilos? Deberían asumir con más dignidad su proceso”.  www.theclinic.cl/2016/06/23/los-lobbystas-de-punta-peuco/
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Juicio por crimen de Victor Jara: Imputado por el asesinato dice que no conocía al artista
22 junio 2016  Juicio por crimen de Victor Jara: Imputado por el asesinato dice que no conocía al artista  El ex teniente, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009.

La defensa de Pedro Pablo Barrientos Núñez aseguró que el ex militar desconocía al cantautor Víctor Jara, lo mismo que las torturas y asesinatos extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio Chile en 1973, donde fue acribillado el artista. Barrientos, de 67 años y quien hoy testificó por primera vez en el proceso judicial que se le sigue en Orlando (EE.UU.), negó conocer para esa época al músico de 40 años, quien también era profesor, director de teatro y activista político. En la segunda semana de este juicio, sus abogados y testigos han señalado que en aquella época Barrientos no sabía de Jara, y tampoco tuvo conocimiento de torturas ocurridas en el aquel entonces conocido como Estadio Chile.

El ex teniente, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009. La ex esposa del militar, María Castro, quien testificó a favor de Barrientos, dijo incluso desconocer el golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, ocurrido cinco días antes del asesinato de Jara. La testigo señaló que fue en 1987 cuando supo del golpe y de la violencia que se desató en Chile por esa época, y recién en 2008 supo de Jara y de las muertes en el polideportivo. Barrientos, quien ya es ciudadano estadounidense, está acusado del asesinato extrajudicial y tortura de Víctor Jara en una demanda civil interpuesta por su esposa Joan Jara y sus dos hijas.

La semana pasada, varios testigos de la acusación, entre ellos exoficiales chilenos, rindieron testimonios encaminados a demostrar que Barrientos era uno de los militares a cargo del estadio, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y decenas de estudiantes y maestros.
Señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del Estadio Chile, ahora Estadio Víctor Jara. El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, presentó la demanda civil en 2013. Tanto Joan Jara, la viuda del cantante, como sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda Jara, han rendido también testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton.

miércoles, 15 de junio de 2016

EL INBA y los pendejos de la política. Juan Pablo Cárdenas.

 
Juan Pablo Cárdenas Miércoles 15 de junio 2016 Todo el peso de la ley nos promete Orrego para castigar a los agresores de nuestro querido Internado, expresiones que son replicadas en La Moneda por la propia Presidenta en el ánimo de todas las autoridades actuales por criminalizar el movimiento estudiantil, fuertemente imbuidos del carácter autoritario que les legara quien les traspasó el poder político y a cuya Constitución y leyes rinden pleitesía.
Como exalumno del Internado Nacional Barros Arana me duele comprobar los actos de “vandalismo” que ha sufrido este establecimiento educacional, cuya sede constituye un valioso patrimonio y cuyo nivel educacional alcanzara los mejores rendimientos de la educación pública. Duele comprobar los niveles de violencia que se manifestaron a propósito de la toma del plantel por sus estudiantes y por el acceso de elementos sin duda extraños al plantel, y que materializaron estos agravios que rápidamente las autoridades han calculado en unos 500 millones de pesos.
Un indignado Intendente de Santiago inmediatamente reaccionó para sacarle provecho político a esta desgraciada situación presentando querellas criminales contra los que resulten responsables de estos actos y en el objetivo, además, de que sus padres o apoderados de estos agresores sean condenados a pagar por los destrozos. Educado en uno de los establecimientos más exclusivos de Santiago, Claudio Orrego Larraín parece demasiado perturbado por lo ocurrido en el INBA, pero estoy seguro que no lo mueven los sentimientos que nos ocasiona esta situación a quienes estudiamos allí y dormíamos todas las noches en nuestro querido Internado.
Lo cierto es que bien podrían las autoridades educacionales convocarnos a los miles de egresados del Internado a concurrir con la recuperación de nuestro colegio, cuestión que haríamos con gusto si esto pudiera interponerse a la voluntad del Intendente de hacer pagar a los jóvenes y a sus padres por un atentado que, sin duda, debemos imputarle también al sistema educacional, a toda la clase política responsable de postergar abusivamente las reformas prometidas, así como tan culpable, también, de enfrentar con violencia policial y criminal las justas demandas de los estudiantes y de la inmensa mayoría del país.
Creo conveniente contarle a mis auditores que cuando yo era alumno del INBA, en la década de los 60, sucedió un terrible incendio del plantel que arrasó en menos de una hora con un pabellón entero de salas de clases, laboratorios y dormitorios, dejando prácticamente a la intemperie a muchos inbanos. Creo necesario contarles algo que no se divulgó entonces y que ahora sería bueno que supieran el Intendente Orrego y la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, que dispusieran o consintieran con el desalojo del establecimiento tomado:
El responsable de aquel siniestro que ocasionara millonarias pérdidas había sido un joven interno a quien sus padres de provincia habían enviado a estudiar a la Capital y que, por la lejanía de su casa, debía permanecer todos los fines de semana en el Colegio, mientras sus compañeros salían sábados y domingos. Un niño que, naturalmente, fue acumulando resentimiento contra su encierro, por su desarraigo y por la soledad a que había sido expuesto a los 12 o 13 años de edad… Entre paréntesis, les cuento que se trataba de un niño superdotado, que brillaba por su oratoria, por sus avanzados conocimientos filosóficos, por sus agudos análisis. Cuestión que podríamos comprobar a la hora de crepúsculo diario cuando concurría a los patios y dormitorios de los internos mayores para conversar y maravillarnos por su talento.
Sin embargo, este mismo niño había urdido pacientemente el incendio del Barros Arana, en largos meses que fue introduciendo papeles y elementos combustibles en los pasillos del Pabellón, allí donde las tablas de los corredores se habían aflojado por el paso del tiempo. Y claro, vino el día aquel en que todos los internos estábamos almorzando en los comedores del establecimiento cuando el incendio se desató y, en menos de una hora, repito, todo terminó en escombros. En negros y malolientes escombros.
Ya nada pudieron hacer las múltiples compañías de bomberos y la espontánea acción de los profesores, inspectores y estudiantes para enfrentar las llamas. Un tercio de la comunidad inbana perdía sus salas de clases, sus pupitres y camas, pero rápidamente el Colegio encontró sitio para todos los damnificados en los demás dormitorios, gimnasios e instalaciones de este enorme plantel.
Y, claro, la investigación policial que vino en pocos días consigno que se había tratado de un incendio intencional, así como en pocas horas el joven autor del siniestro fue identificado y resultó confesó de su acción. Sin embargo, estimados auditores, tanto el Rector, como el cuerpo de profesores y el poderoso centro de alumnos del Internado coincidieron en no emprender ninguna acción criminal contra el autor del incendio ni, menos, contra su modesta familia del sur. Se asumió que lo obrado por este joven era de responsabilidad de todos los maestros y familiares que no fueron capaces de visualizar y atender las frustraciones que tenía un estudiante especialmente sensible . Así como se asumió que sería el colmo estigmatizar a un menor con una acusación y castigo que le penarían de por vida.
El propio gobierno de la época, como el mismo Poder Judicial (que podría haber actuado de hecho frente a un delito de acción pública) consintieron en esta posición adoptada por el Plantel y en la necesidad de salvar –más allá de los millonario daños- la honra de un niño que seguramente los Orrego o los furibundos de hoy no habrían dudado el lapidar y condenar de por vida.
¡Vaya qué ejemplo nos dio, entonces, nuestro querido Internado con esta actitud! ¡Vaya qué grandes y sabios nos parecieron nuestros maestros de entonces!; vaya qué solidarios nos sentimos con nuestro compañero todos los alumnos que habíamos sido perjudicados por un despropósito que hoy llevaría, por cierto, el apelativo de vandálico, sin que todos los genuinos responsables se hicieran la debida y mínima inculpación y autocrítica. Partiendo por quienes deben velar por la educación pública y la dignidad humana y los derechos, especialmente de los más niños.
No sé si el Intendente Orrego es supernumerario, también, del Opus Dei, pero sé que se trata de un católico observante, así como del hijo de un notable demócrata cristiano que conocí y que ocupaba un alto cargo de gobierno cuando esto sucedió en el Internado. De quien me atrevería a asegurar que supo que el autor de este incendio había sido un joven estudiante y de quien creo estar seguro haber compartido el silencio oficial que se impuso para salvar la honra de un menor de edad.
Todo el peso de la ley nos promete el Orrego de hoy para castigar a los agresores de esta casa de Estudios, de nuestro querido Internado… Expresiones que son replicadas en La Moneda, por supuesto, por la propia Presidenta en el ánimo de todas las autoridades actuales por criminalizar el movimiento estudiantil, alentar la más que vandálica acción de la policía uniformada, cada vez que irrumpe violentamente en los hogares de los mapuches, en un colegio o establecimiento ocupado. Cada vez que las arremete en las calles para perseguir a quienes se movilizan, en evidente complicidad, ¡qué duda cabe! con lo encapuchados e infiltrados en estas acciones de justa protesta y justo derecho ciudadano.
Autoridades fuertemente imbuidas del carácter autoritario que les legara quien les traspasó el poder político y a cuya Constitución y leyes rinden pleitesía por más de veintiséis años de posdictadura. Pendejos y pendejas que nos gobiernan y medran en los pasillos de nuestra instituciones públicas y que jamás tendrían la grandeza que manifestaron las autoridades de entonces y que he tratado de representar en este episodio y ejemplo que les relato.
Políticos abyectos y serviles que rasgan vestiduras por el patrimonio público afectado en esta lamentable acción contra de nuestro Internado. Por esos 500 millones que habrá que gastar para recuperar el patrimonio afectado de este establecimiento educacional, pero que nada dicen, ni acción judicial alguna emprenden, para castigar a los que todos los días agreden nuestro patrimonio natural, nuestras reservas estratégicas, así como asaltan en multimillonarias sumas al erario nacional. Que evaden impuestos, lucran abusivamente y se coluden para asaltar los bolsillos de los consumidores nacionales.
¡Vaya que contraste más profundo entre los políticos de ayer y los de hoy!

sábado, 11 de junio de 2016

Acoso y abuso sexual: Los estudiantes sacan la voz para pedir ayuda.

Tal como ha ocurrido en distintos países del mundo, en las últimas semanas en Chile ha comenzado a hablarse con fuerza de acoso y abuso sexual en el ambiente universitario, lo que ha dejado en evidencia lo poco preparadas que están las instituciones de educación superior para enfrentar la violencia de género. Ante eso, los, y sobre todo, las estudiantes les están pidiendo que reaccionen.  10 de junio del 2016

En diciembre de 2014 Jaime Constanzo tenía 19 años y era alumno de tercer año de Ciencias Políticas en la Universidad Católica. Invitado por una compañera fue a una fiesta de despedida de alumnos que estaban de intercambio en su universidad. Esa noche bailó, tomó alcohol y lo estaba pasando bien. Cuando estaba por irse, subió al segundo piso a buscar el celular que había dejado cargando. Uno de los extranjeros, con el que había intercambiado algunas miradas, lo siguió. Jaime se sorprendió al verlo y el muchacho, bastante más alto que él, lo acosó con violencia. Él estaba ebrio y reaccionó lento, pero lo golpeó, bajó las escaleras y se fue asustado.

De esta historia sólo supieron un par de amigos y él le bajó el perfil por vergüenza. Su agresor se iba en tres días. “No lo voy a ver nunca más, qué saco con quedarme en el pasado… Fue una mala experiencia nomás”, dice que pensó.

El 21 abril de este año en la noche, Jaime contó el episodio en su Facebook personal. Su objetivo era mostrar que pese a que el acoso sexual afecta principalmente a las mujeres, los hombres no están exentos. Lo que lo motivó a hablar casi dos años después fue algo que paralelamente estaba pasando en la página Confesiones de su carrera (espacios que existen desde hace años en Facebook en los que estudiantes, generalmente sin identificarse, cuentan situaciones universitarias), donde ese mismo día había apareció un testimonio de una mujer que se extendió entre los alumnos: “Mi compañero de carrera abusó de mí, sí, Ciencia Política UC. Escribo desde el anonimato porque jamás le conté esto a nadie, porque en el momento en que sucedió no dimensioné la gravedad del asunto, lo bloqueé (…). Mi silencio se ha llamado culpa todo este tiempo, porque sí, siempre sentí que había sido mi culpa, aún lo siento, aunque mi corazón feminista se apriete al escribirlo”, decía parte del largo mensaje.

Jaime no fue el único que reaccionó: en pocas horas en la página de Confesiones aparecieron otros 10 testimonios, todos de mujeres, estudiantes que decían haber sufrido alguna experiencia de acoso o violencia sexual, desde un intento de alguien que trató de sobrepasarse hasta otras que se vieron forzadas a hacer cosas que no querían. No todas las historias habían ocurrido mientras estaban en la universidad o con otros estudiantes de la carrera, pero la mayoría se habían dado en contextos de carrete, con alcohol, y tenían en común que ellas se habían quedado calladas y habían tratado de pasar el hecho por alto. “También fui abusada por un compañero de mi generación. Siempre sentí mucha culpa porque ese día había tomado mucho, aunque después comprendí que no era mi culpa (…) El muy pelotudo todavía me saluda como si no hubiera pasado nada”, decía uno.

Según José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza que apoya a personas que han sido víctimas de abuso, estas muchas veces saben o intuyen que fueron transgredidas, pero si no hay un contexto, un protocolo o una persona que reconozca esa situación, puede tener la sensación de que su voz no va a ser escuchada. Además, “funciona la típica culpabilización que se les hace históricamente a las víctimas: ‘si tomaste o si consumiste alguna droga, estás bajo tu propia responsabilidad’. Pero tú puedes tomar todo lo que quieras, usar el escote que quieras y haber hecho lo que quieras y nadie tiene el derecho a transgredirte. Eso tiene que quedar clarísimo”.

Claudia Fischer, encargada del área técnica y orientación de esa fundación, que está actualmente apoyando a algunas federaciones estudiantiles a abordar este problema, dice que una persona agredida entre los 20 y los 24 años puede demorarse seis o hasta ocho años en reconocer que fue abusada.

Justamente por eso es importante generar una cultura que informe sobre el acoso y la violencia sexual, las situaciones de riesgo, y que oriente a las personas, sobre todo a las que por su edad y estilo de vida están más expuestas o son más vulnerables. Precisamente lo que les están pidiendo con fuerza grupos de estudiantes a sus universidades.

Esto no es un hecho aislado de Chile sino que parte de una corriente global, que surge producto de cambios culturales que tienen que ver con que las mujeres y minorías sexuales no están tolerando situaciones que antes callaban y como consecuencia las denuncias por abusos sexuales en universidades se han sucedido en distintos países. Las ha habido en algunas de las instituciones de educación superior más prestigiosas de Estados Unidos, en Canadá, Australia, el Reino Unido y Argentina, demostrando una vez más que los segmentos más educados no son inmunes a estos problemas que son transversales en la sociedad. El más reciente ejemplo ocurrió la semana pasada cuando un tribunal de California condenó a seis meses de cárcel al estudiante de Stanford Brock Turner por violar a una compañera en el campus de la universidad.

A dónde, cuándo y cómo
Los testimonios en la página ligada a los alumnos de Ciencia Política de la Universidad Católica generaron conversaciones que se extendieron por los pasillos, y dos semanas después el rector de la UC, Ignacio Sánchez, les envió un correo a los alumnos en el que explicó que las situaciones de agresión sexual no eran “conocidas hasta ahora por las autoridades competentes” e invitó “a toda persona afectada a realizar las denuncias correspondientes” y a comunicarse con los servicios que tiene la universidad para que “estas denuncias se investiguen o se deriven a la justicia ordinaria, según corresponda”.

Aunque probablemente esta es la vez que ha generado más ruido, no es la primera en que el tema aparece. Carolina Pérez, quien fue consejera superior en 2012 (un cargo paralelo a la FEUC, elegido por los estudiantes y cuyo rol es representarlos ante las autoridades), dice que en su periodo recibió testimonios de acoso y abuso sexual entre sus compañeros. “Fueron entre 5 y 10”, dice. La alumna, sin saber cómo proceder, les pidió ayuda a profesores de sicología, habló con William Young, director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y se dio cuenta de que no había un procedimiento específico. “La gente no sabía dónde ir. Podías buscar atención sicológica por los convenios que tiene la universidad, pero no había claridad de cómo denunciar”, dice.

En respuesta se formó una comisión con estudiantes y representantes de carreras, y se les pidió a las autoridades un protocolo que diera cuenta de que el acoso es un problema distinto al del, por ejemplo, el plagio, con el que hoy comparte procedimiento. Surgió el Fono Ayuda, un canal de contención sicológica inmediata para los afectados, que los orienta de acuerdo a si los hechos ocurrieron recientemente o hace tiempo, y los deriva a un centro de salud, a la Unidad de Apoyo Psicológico o la Secretaría General.

El problema es que éste no se ha difundido masivamente y por ejemplo Jaime Constanzo dice que él como muchos estudiantes, pensaba que era un soporte técnico. Andrea Parra, actual consejera superior, cree que si bien fue un avance, no es un canal muy validado por los alumnos y por eso los representantes estudiantiles sienten que se avanza poco.

Ahora, tras el episodio de las confesiones, se formó una nueva comisión de 12 personas que coordina William Young, director la DAE (ver entrevista en recuadro), donde participan expertos en salud mental, legal y comunicacional, que debe evaluar cómo están funcionando los canales para atender casos de abusos (Secretaría General, el Ombudsman y el Fono Ayuda). Hasta ahora sólo ha sesionado una vez y los alumnos se quejan de secretismo porque las actas no son públicas. “En la universidad están enojados por haber causado revuelo y haber ‘dañado’ la imagen institucional más que arreglar el problema”, dice una representante estudiantil.

Andrea Parra, la actual consejera estudiantil, dice que en general la universidad ha tratado el problema de manera “negligente. Y en todas las instituciones del país ha pasado lo mismo. No es un problema puntual de la UC”.

Tienen el poder
Las últimas dos semanas de abril, los estudiantes de la Facultad de Sociología de la Universidad de Valparaíso estuvieron en paro. No fue en apoyo al movimiento estudiantil, sino para exigir la destitución del profesor José Antonio Ávila que fue denunciado por acoso sexual por la alumna Leslie Toledo. Los hechos se remontan al 26 de septiembre del 2014, cuando la estudiante al salir de la universidad se encontró con el profesor y él le dijo que se fueron caminando juntos. Pasaron a comprar un regalo, y luego la acompañó a un bar en el que trabajaba una compañera de la estudiante. Finalmente ante la insistencia del profesor, comieron en un restaurante, momento en el que la alumna dice que el docente trató de sobrepasarse con ella por lo que salió casi escapando. Con el apoyo de su mamá, que viajó desde Punta Arenas, y de uno de los Centros de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, del Sernam, la alumna denunció el caso el 29 de octubre de 2014 y la universidad inició un sumario cinco días después. Tras la investigación, la fiscal a cargo recomendó destituir al académico, cosa que el rector hizo. Ávila apeló ante la junta directiva y ésta determinó en abril de este año darle la segunda pena más alta después del cese de actividades: suspensión por tres meses, que está cumpliendo actualmente, y rebaja del 30 por ciento del sueldo.

La estudiante por su parte inicialmente había congelado la carrera. “No tenía seguridad de ir a la universidad y no encontrarme con él”, dice ahora que ya retomó los estudios. Además, el ambiente universitario no le facilitó su reincorporación, ya que le llegaban comentarios del tipo “eso le pasa por tomar”.

Osvaldo Corrales, secretario general de la Universidad de Valparaíso, reconoce que el episodio desnudó la falta de un procedimiento de acompañamiento y apoyo a las personas que denuncian, como también la ausencia de manuales de modos de conducta. “Estamos por generar un contexto para prevenir y hacernos cargo de los cambios culturales para eliminar conductas que antes estaban naturalizadas y que hoy resultan menos aceptables”.

El 31 de mayo la universidad anunció la creación de una unidad de Igualdad y Diversidad. Junto con eso, una comisión trabaja en normas y criterios sobre acoso y abuso sexual, “un poco al estilo de las universidades norteamericanas”, agrega, las que en general tienen oficinas específicas para abordar estos casos.

Corrales asegura que en el ambiente universitario se ha avanzado poco en esta materia. “La sociedad chilena es muy conservadora. Y en general, las universidades tienen ese carácter conservador, tradicional y machista que es parte del entorno cultural del país. La resistencia del país también se ve en las universidades porque son expresión del país”.

Jaime Barrientos, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte, quien ha investigado la sexualidad juvenil, explica que efectivamente las universidades hoy tienen una deuda pendiente con respecto a abordar la violencia de género y los abusos. “Es una responsabilidad moral y ética hacerse cargo de estos temas, de educar y proveer mecanismos para enfrentarlos. La formación universitaria no está sólo orientada a una carrera, sino que es más integral que eso. Además, muchas universidades tienen recursos disponibles para poder hacerlo, partiendo por escuelas de sicología”.

¿Quién lleva la batuta?
En la Universidad de Chile las cosas han estado más agitadas. A comienzos de abril el Decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades destituyó al docente de historia, Fernando Ramírez, tras el sumario que se abrió por la denuncia por acoso, abuso de poder y hostigamiento de la alumna María Ignacia León, un episodio que no sólo generó apoyo entre los estudiantes sino que entre otras cosas, motivó que más de 70 historiadoras y docentes de otras carreras y universidades firmaran una carta llamando a terminar con el acosos sexual y discriminación en el mundo académico chileno. El 10 de mayo, la cantante Mariel Mariel ganó el Premio Pulsar a la mejor artista y disco de música urbana. “Me fui de Chile hace siete años… por un acoso que sufrí siendo estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile”, dijo al momento de recibir el premio y luego en entrevista con The Clinic agregó que se trató de un profesor.

Y la semana pasada, la cuenta de la Secretaría de Sexualidades y Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Sesegen Fech) anunció que además del profesor destituido, ellos han recibido 19 denuncias públicas de acoso y abuso sexual en distintas carreras, desde hostigamiento de connotación sexual por teléfono hasta violaciones. Ocho de ellas son de profesores a estudiante y las 11 restantes entre alumnos.

Otra vez, el problema no es una sorpresa. En 2012 la universidad hizo un diagnóstico sobre igualdad de género que se tradujo en el libro Del biombo a la cátedra. Pese a que no era el foco del estudio, éste concluyó que existían episodios de acoso sexual y mostró que aunque muchas veces estos son conocidos en los entornos académicos, no llegan a ser denunciados. También que en ese momento ninguna universidad chilena tenía políticas integrales para prevenir, investigar, sancionar y proteger a sus víctimas. En 2013, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones creó la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género que dirige Carmen Andrade, ex ministra del Sernam, quien está empujando una instancia especializada con médicos, abogados y comunicadores para atender los casos. Desde 2015, los mechones de la Universidad de Chile al llegar reciben el manual “Orientaciones para enfrentar el acoso sexual en la Universidad de Chile”.

El miércoles pasado, en la Facultad de Medicina de esta casa de estudios se reunieron alumnos de distintas carreras. “Parece que les quedó chica la sala”, comentó un funcionario, ya que llegaron más de 70 interesados al foro organizado por la Sesegen Fech y Salud, en el que se explicó qué es el acoso, cómo se manifiesta, de qué manera identificarlo y ver cómo se ha tratado el tema a nivel mundial. Javiera Ortiz, coordinadora de comunicaciones de Sesegen Fech, dice que si bien rescatan los pasos que se han dado en su institución, “ha sido un proceso complejo, sobre todo con las denuncias que tienen relación con algunas facultades. No siempre tenemos el apoyo que esperaríamos de algunas autoridades de la universidad”.

Una de las últimas medidas que tomó el senado de la Universidad de Chile, instancia integrada por los mismos estudiantes, fue reformar el reglamento estudiantil y estableció que no se podrá incurrir en actitudes de discriminación arbitraria entre alumnos, específicamente en el acoso sexual. María Ignacia del Valle, representante estudiantil, asegura que reformar el reglamento es un gran paso y que una de sus prioridades es “erradicar el machismo y las conductas misóginas que recibimos todos los días. Para nosotras no es seguro venir a la universidad. No es seguro el camino a ésta y no es seguro estar acá. Entonces ¿dónde estamos seguras?”.

Entrevista a William Young. Director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la Universidad Católica.

¿Cuántos abusos sexuales se han cometido dentro de la UC?
Hay procesos que se hacen dentro de la universidad y que los maneja la Secretaría General, pero no llevan una estadística de cuántos casos. Es uno más de los casos que se manejan ahí. No tengo cifras.

¿Le parece importante saber cuántos alumnos son?
Lo que nos parece importante es tener los medios de denuncia y los protocolos adecuados. Nos parece importante tener educación, prevención y sensibilización.

¿La Dirección de Asuntos Estudiantiles sabe cuántos alumnos han hecho denuncias sobre violencia sexual en la Secretaría General?
Nosotros tenemos una visión parcial de cuántos llamados al año se hace al Fono Ayuda.

¿Cuántos?
Cinco. Que pueden ser de cualquier cosa, no sólo de temas de abuso sexual. No es una cifra tan grande y que pueden ser distintos tipos de denuncia.

¿No es un llamado de atención que las denuncias se hayan hecho a través de una página de Facebook y no por medio de sus canales establecidos? ¿Por qué cree que sucedió eso?
No te podría decir.

¿Son los canales de denuncia los correctos?
Obviamente que son mejorables y en eso estamos. Pero eso no fue una denuncia, fue alguien que contó su experiencia y anónimamente.

La definición
En general se entiende por acoso sexual las conductas de naturaleza sexual no deseadas por la persona que las recibe y que, por ello, afectan su dignidad y resultan ofensivas o amenazadoras. En el ámbito educativo se considera que hay acoso cuando es un comportamiento que directa o indirectamente afecta las oportunidades de educación, o se traducen en un ambiente hostil o intimidante para la víctima. Las relaciones consentidas entre adultos no constituyen acoso, pero el consentimiento no puede inferirse del silencio o falta de resistencia de una persona, sobre todo cuando hay relaciones de poder o autoridad. 
 
Un problema de largo alcance
En 2015 se estrenó el documental The Hunting Ground (disponible en Netflix), que luego se mostró con profusión en salas con estudiantes de todo Estados Unidos e incluso se presentó en la Casa Blanca. El filme denuncia los ataques y abusos sexuales en los campus universitarios en Estados Unidos y la impunidad con que muchas veces son tratados por las autoridades de esas instituciones. Pese a que hubo varias personas, incluidos profesores de la Escuela de Derecho de Harvard que criticaron su objetividad, el documental tuvo muy buena crítica y contribuyó a la sensación de que en el mundo académico hay una cultura que minimiza si es que no niega la existencia de sexismo, discriminación y violencia contra las mujeres y las minorías sexuales. Esto es algo de lo que ya se viene hablando hace años y que ha forzado a establecimientos de educación superior en distintas partes del mundo a tomar medidas para asistir y proteger a sus alumnos, sobre todo en los casos en que estos viven en sus instalaciones.

En Estados Unidos, el Departamento de Educación ha promovido iniciativas en ese sentido, y hoy la mayoría de las universidades tienen oficinas especializadas que educan a la comunidad y asisten a las víctimas. Yale y Princeton tienen cursos sobre violencia de género, acoso y abuso sexual y sus consecuencias sicológicas.

En Harvard se entregan trípticos con ejemplos concretos para identificar situaciones y hay un servicio que acompaña a las víctimas en las denuncias. En Columbia también hay grupos de discusión con estudiantes. Las universidades también han mejorado los procedimientos para garantizar la confidencialidad de los involucrados en las investigaciones.

Esto no significa que los casos hayan desparecido, tal como demuestra el de Brock Turner, un nadador y estudiante de Stanford de 20 años, que fue condenado hace dos semanas a seis meses de cárcel porque el año pasado violó en el campus a una estudiante que estaba inconsciente. El padre del joven trató de defenderlo diciendo que era “un alto precio por 20 minutos de acción” lo que ha causado indignación e incluso motivó que Lena Dunham y el resto del elenco de la serie Girls difundiera el jueves un video en apoyo de la víctima.

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