Claudia Pascual: "En la ley no debe quedar atisbo que permita naturalizar o justificar violencia hacia la mujer" El nuevo Ministerio de la Mujer define ofensiva legislativa con un proyecto de ley integral, que amplía los espacios considerados en la violencia de género.
El viernes reciente, la Presidenta Michelle Bachelet invistió oficialmente a Claudia Pascual en el cargo de Ministra de la República, convirtiendo de esta forma el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, en el nuevo Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, tal como había sido previsto desde el 8 de marzo de 2015, cuando se promulgó la ley que creó la entidad. Con el cambio de institucionalidad, la cartera comenzará una ofensiva legislativa más intensa para abordar el tema de la violencia, que en las últimas semanas ha sido materia de discusión pública, producto de brutales ataques sufridos por mujeres en distintas partes de Chile. Nabila Rifo, por ejemplo, a quien su pareja presuntamente le sacó sus dos ojos luego de una golpiza en Coyhaique, es quizás el caso más representativo.
¿Cuáles son las principales consecuencias de este cambio de institucionalidad?
Tener un Ministerio es elevar el rango de las políticas públicas por la superación de las brechas de desigualdad que tiene las mujeres en relación a los hombres. En ese sentido, hacemos un reconocimiento de lo que ha hecho el Servicio Nacional de la Mujer durante estos 25 años de existencia. Y, por lo mismo, continúa. Pasa a ser el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, llevando a cabo los programas y su seguimiento, cuando son ejecutados por agentes externos.
¿Cuáles son los desafíos que este nuevo ministerio enfrenta?
Ampliar la mirada de las mujeres que habitamos en el país, con una preocupación específica por las mujeres más vulnerables. Pero también superar las brechas de desigualdad de las mujeres en toda su diversidad y, por lo tanto, incorporar también las miradas de mujeres de pueblos originarios, mujeres rurales, desde la diversidad sexual y la discapacidad.
¿Y en acciones concretas?
Seguimos adelante con los mandatos que tenemos del programa de gobierno, con una agenda legislativa que llevar a cabo. Estamos con la Ley de Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales; estamos preparando legislación en relación con modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) y generar un marco de ley más integral, que considere todas las formas de violencia hacia las mujeres; y más adelante nos ocuparemos de las modificaciones a la sociedad conyugal.
¿Cómo se abordará esta la ley?
Para modificar la actual Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley N° 20.066) hemos hecho un trabajo intersectorial con el Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, entre 2015 y 2018, trabajando con distintas instituciones para diagnosticar qué cosas fallan y cuáles pueden ser mejoradas. Es necesario modificarla porque hemos visto que hay espacios en los que hoy, por definición, no se puede articular una mejor respuesta para la atención de la violencia.
¿Cuáles son los nudos críticos?
Según esta ley, por ejemplo, la mujer debe acreditar que el maltrato y la violencia es habitual. Aunque también hay que revisar en cuánto es posible aumentar las penas. Además, hay algunas situaciones que la ley no reconoce, como la violencia en parejas que no tienen una relación de convivencia bajo el mismo techo, por lo que pololeos y otras relaciones esporádicas quedan fuera.
Sabemos que el ministerio está trabajando en una ley integral sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Hay un diagnóstico consensuado de que la violencia hacia la mujer no es sólo aquella que se da en el espacio familiar o relación de pareja y/o ex pareja, sino que también en el espacio público, y que no es sancionada por la ley VIF, como el acoso callejero y la violencia en los centros laborales o de estudio. También existen otros tipos de violencia más allá de la física, sicológica o sexual estipuladas en la ley 20.066, como la violencia económica o la violencia simbólica, a propósito de seguir reproduciendo estereotipos que menoscaban a las mujeres o imágenes que las discriminan de manera constante.
¿Se van a presentar ambos proyectos de ley?
No es algo que esté zanjado.
Esta semana se generó una polémica por la no entrega de la tobillera electrónica a los condenados por violencia intrafamiliar. ¿Qué opina de eso?
La ejecución de esa medida no le corresponde al ministerio, es del ámbito de la justicia. Lo que nos interesa es ir en relación al tema de fondo, que es cómo hacer seguimiento a las medidas cautelares y de protección para casos en los que se ve comprometida la seguridad de la mujer.
También volvió a ser noticia esta semana el caso del femicidio frustrado en Ovalle, cuando la Corte de Apelaciones de La Serena respaldó el falló que consideró a la infidelidad como parte de las atenuantes para rebajar condena. ¿Se sacarán las atenuantes en la ley?
Es una de las cosas que estamos viendo. El artículo que se invocó no es algo que debiera ser utilizado en los casos de violencia hacia las mujeres, es un artículo general y en este caso primó una interpretación. Pero sí nos preocupa que en la ley no quede ningún atisbo que nos permita naturalizar o justificar la violencia contra las mujeres.
¿Cuándo se presentarán los proyectos?
Estamos trabajando, primero, en un accionar que tiene que ver con las instituciones que se van a ver involucradas con la ley y realizar un trabajo prelegislativo, que nos permita poder tramitar de mejor manera los proyectos. No queremos eternizar este trabajo. Creemos que son medidas urgentes.
¿Antes de fin de año?
Sin ninguna duda.
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