La segunda semana del juicio, que se desarrolla en Orlando, concluyó con la defensa de Pedro Barrientos –militar acusado de la muerte del artista- negando conocer al cantautor en esa época. La semana pasada se dio inició al juicio en la ciudad de Orlando, EE.UU donde se revisará la solicitud de extradición para Pedro Pablo Barrientos, militar chileno quién es acusado de ser uno de los asesinos y torturadores del icónico cantautor chileno Víctor Jara, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La demanda se había presentado de manera inicial el 2013 en Jacksonville, Florida, por parte del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco y se espera que se prolongue hasta el 29 de junio. La evidencia en contra de Pedro Barrientos –y el rol que habría jugado en el asesinato de Jara días después del golpe de Estado- se ha instalado en Florida desde el año 1989, pero este juicio es el primero en que el ex militar responde ante los tribunales. Barrientos, quien ya es ciudadano estadounidense, está acusado del asesinato extrajudicial y tortura de Víctor Jara en una demanda civil interpuesta por Joan Jara, exposa del artista, y sus dos hijas. Las tres han rendido también testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton.
La defensa de Barrientos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los 5 días de juicio que se han llevado a cabo, es que la defensa de Pedro Barrientos (67) es enfática en decir que el ex militar chileno desconocía la existencia de Víctor Jara, al igual que las torturas y asesinatos extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio Chile en 1973, donde el cantautor fue acribillado. El ex teniente del régimen de Pinochet, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009. A eso se le sumó su ex esposa, María Castro, quien testificó a favor de Barrientos, dijo incluso desconocer el golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, ocurrido cinco días antes del asesinato de Jara. La testigo señaló que fue en 1987 cuando supo del golpe y de la violencia que se desató en Chile por esa época, y recién en 2008 supo de Jara y de las muertes en el polideportivo.
Por otro lado, la semana pasada varios testigos de la acusación donde también hay varios ex oficiales chilenos, dieron testimonios para demostrar que Barrientos era uno de los militares a cargo del estadio, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y decenas de estudiantes y profesores. Además, señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del Estadio Chile, ahora Estadio Víctor Jara.
El día a día del juicio. Los días de juicio se han desarrollado con varios aspectos llamativos. En el primer día Mark Beckett -socio de la firma Chadbourne & Parke- declaró en nombre de la familia Jara afirmando que “la única arma de Víctor Jara esa su guitarra” y que “fue apuntado solo porque era un símbolo del Gobierno democráticamente electo”. La viuda de Víctor, Joan Jara, subió al estrado para finalizar la jornada y Kathy Roberts de la CJA fue la encargada de las preguntas. Habló sobre su vida con Víctor y el significado de su tortura y muerte. Con dolor se refirió al impacto que le produjo la muerte del folclorista, afirmando que “mi vida fue cortada en dos”.
Día dos: Manuela Bunster, una de las hijas de Víctor Jara, declaró ante el jurado enfatizando que “no fuimos las únicas a quienes les pasó esto en Chile” y que “mis compañeros estudiantes fueron golpeados”. En esta jornada también declaró la periodista chilena de Ciper, Mónica González, quién manifestó que Víctor Jara “representaba el coraje mediante las canciones que contaba con dignidad” y habló sobre las condiciones del centro de detención del Estadio Chile. “Hubo un incidente donde asesinaron a jóvenes por escuchar canciones de Víctor Jara”, declaró. El día concluyó con los testimonios de un ex militar y un ex conscripto chileno que declaró en contra de Barrientos. “Él siempre mostraba su pistola, diciendo con esta maté lo maté”, contó además de confirmar, según su testimonio, que “Barrientos organizaba la guardia en el centro de detención del Estadio Chile”.
Día tres: Declaró Érica Osorio Araya, quien era estudiante en la Universidad Técnica del Estado en Santiago donde Víctor Jara hacía clases. Describió el día en que los militares sitiaron la universidad y ella junto a Víctor y otras personas en la universidad se refugiaron en el comedor bajo el gimnasio. Relató que soldados entraron, los empujaron contra las murallas y los golpearon con sus pistolas, describiendo el momento en que identificaron a Jara.
A Osorio se le presentó una fotografía de seis hombres jóvenes en uniforme y se le consultó si reconocía a alguno. Ella apunto a uno. Era Barrientos. Ella dice que lo vio hablando con el anunciador, quien luego proclamó: “Ahora sé qué haremos con ustedes”. Su impactante testimonio fue sustentado con los de cuatro conscriptos que sirvieron en la Escuela de Ingeniería de Tejas Verdes, en la mismo regimiento y compañía que Barrientos.
Todos ellos confirmaron que Barrientos estaba en el Estadio Chile. Uno lo vio llegar con un maletín en muchas ocasiones y lo vio todos los días en la formación. Además confirmó la atmósfera violenta dentro del estadio, declarando que los prisioneros eran golpeados con armas y sus cadáveres enviados en ambulancias. Finalmente narró que alrededor de 40 prisioneros recibieron la orden de correr por la calle principal de Santiago, donde fueron disparados a matar”. Afirmó haber visto a Víctor Jara en el estadio.
Día cuatro: Un sobreviviente del centro de detención del Estadio Chile testifica que fue sacado por los militares desde la misma universidad donde Jara trabajaba. Declaró que mientras estaba detenido en el Estadio Chile, Víctor Jara fue sujeto de múltiples golpes, tema del último poema de Víctor, compuesto en sus últimos días. El 15 de septiembre de 1973, antes de ser transferido al Estadio Nacional, Navia vio a Víctor Jara muerto y su cuerpo torturado entre una pila de otros entre 30 y 40 cuerpos, cerca de la entrada del estadio.
Día cinco: Un ex militar conscripto testificó haber visto a oficiales golpeando detenidos en los vestuarios del Estadio Chile, días después del golpe. El conscripto declaró que la ex esposa del teniente Barrientos lo engañó para firmar una falsa declaración, la cual él no pudo revisar debido a su analfabetismo. Él declaró que la esposa de Barrientos lo contactó y le consultó por “la verdad”. El conscripto accedió a dictarle una declaración, la cual ella grabó. Durante la declaración del conscripto, él descubrió que su testimonio dictado era irreconocible en comparación con la que la ex esposa de Barrientos había notariado y enviado como evidencia. En la tarde, se presentó el testimonio de Barrientos ante el jurado. En la declaración, Barrientos aseguró que no puede recordar ninguno de los nombres de los soldados que estuvieron bajo su mando, incluidos sus ex guardias. Él además manifestó que no conoció el Estadio Chile, sino hasta el 2009, a pesar de haber estudiado en Santiago antes de 1973. Asimismo, sostuvo que no conocía a Víctor Jara antes del año 2009. Finalmente, expresó que no supo de las torturas en el Estadio Chile, sino hasta el año 2009.
Barrientos además fue confrontado con la transcripción de una entrevista jurada del FBI, del año 2012, que fue parte del resultado de una investigación en Chile, respecto a su rol en la tortura y muerte de Víctor Jara. Los demandantes señalaron que había dado al FBI diferente información (versiones contradictorias) respecto de quién era y dónde estuvo entre el 12-17 de septiembre de 1973, en comparación con su declaración jurada para este caso. Por ejemplo, en la declaración del FBI , afirmó que se quedó con toda su compañía, más otra en el Ministerio de Defensa durante ese período de tiempo relevante; lo que significa que él estaba con 180 hombres. Sin embargo, ahora en su declaración, afirmó que no estaba nada más que con sus guardaespaldas, sólo cuatro personas más.
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Agrupaciones de ex militares alegan violación de derechos humanos a enfermos del penal. Los lobbystas de Punta Peuco. Jonás Romero 23 Junio, 2016
Desde hace un par de meses que representantes de la familia militar – algunos de ellos con imputaciones por crímenes a los DDHH- vienen generando un intenso lobby en el Congreso en pos de mejoras en sus sistemas de salud y pensiones, además del punto más polémico: la flexibilización de las penas para los militares detenidos en Punta Peuco. Esto ha derivado en dos proyectos de ley y una moción especial que, de aprobarse, permitirían a algunos de los enjuicidados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas en geriátricos, hospitales e inclusive en sus hogares. La iniciativa de estas agrupaciones abre un debate entre los defensores de los Derechos Humanos ¿Qué hacemos cuando sus violadores abogan por ellos?
El día 28 de octubre del año 2015, más de cien exuniformados se congregaron en un auditorio de Valparaíso para asistir a la fundación de la Multigremial de las Fuerzas Armadas; agrupación que congrega a Personal en Retiro de las instituciones castrenses, Carabineros e Investigaciones de Chile; y que en palabra de sus impulsores, busca -entre otros ítemes- “acabar con las condenas de presunción de algunos de los reos en Punta Peuco”.
En la ocasión, uno de sus invitados de honor fue el escritor y exministro de Cultura, Roberto Ampuero. En su discurso, cargado de críticas a la Nueva Mayoría -a quienes calificó de “jacobinos marxistas”-, el autor de Nuestros años Verde Olivo alabó la valentía de los exmilitares, marinos, carabineros y detectives de la PDI presentes, y los instó en la búsqueda del diálogo y el liderazgo “que Chile hoy tiene tan extraviados”.
Bajo un atronador aplauso, los presentes acordaron pactar reuniones con parlamentarios, ministerios “y hasta entidades internacionales de ser necesario” para velar por los Derechos Humanos de los reos presentes en Punta Peuco.
En poco tiempo, el llamado hizo eco en varios congresistas: actualmente existen dos proyectos de ley y una moción parlamentaria, apoyada por 19 senadores, entre ellos cuatro adherentes de la Nueva Mayoría -Jorge Pizarro, Manuel Antonio Matta, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar- que buscan la libertad vigilada intensiva y el cumplimiento alternativo de las condenas por motivos humanitarios a favor de reos que padezcan una enfermedad grave, invalidante o terminal. De aprobarse, estas leyes permitirían que algunos de los reos presentes en Punta Peuco cumplieran sus condenas en geriátricos e inclusive en sus hogares. Esa noche, en Valparaíso, comenzó la historia de los lobbystas de Punta Peuco.
Reconciliación nacional y DD.HH. “Conjuntamente con saludarlo respetuosamente, y abusando de su siempre gentileza y atención, interrumpimos su apretada e importante agenda, para solicitarle una corta audiencia para dos integrantes de la Directiva de la ONG CREN; Organización de carácter humanitaria y solidaria, integrada por ex Generales y Oficiales de las FFAA, dedicada exclusivamente a la ayuda y apoyo humanitario de exmiembros de las FFAA”.
Así comienza la misiva que desde marzo de este año comenzaron a recibir autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y religiosas. Los firmantes: Sergio Canals Baldwin, Roberto Hernández y Eduardo Catalán Brunet, todos exmiembros de las Fuerzas Armadas, y con un pasado vinculado a la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura.
En sus propias palabras, la CREN (cuya sigla quiere decir Cruzada por la Reconciliación Nacional y Derechos Humanos), se define como una organización de carácter humanitaria, y es una de las tantas agrupaciones de exmiembros de las Fuerzas Armadas aglomeradas bajo el manto de la Multigremial.
Eduardo Catalán Brunet, teniente (R) y vocero de ONG CREN.
“Queremos sensibilizar a todos los sectores políticos acerca de la falta de Derechos Humanos sobre los Prisioneros Políticos Militares presentes en Punta Peuco. Hemos conversado transversalmente con un sinnúmero de parlamentarios, y fruto de ese trabajo es que están saliendo los proyectos que vemos actualmente”, sostiene su vicepresidente, el teniente en retiro Eduardo Catalán Brunet.
Ingresado a la Escuela Militar el año 1964, Catalán llevaba seis años como teniente para el Golpe Militar. Según una investigación del periodista Jorge Escalante, Catalán fue uno de los primeros cuatro militares en hacer ingreso al segundo piso de La Moneda luego de la rendición de los colaboradores de Salvador Allende. Posterior a su carrera en el ejército, Catalán se tituló como abogado, y actualmente dedica al menos un día de la semana para viajar a Valparaíso a reunirse con representantes de la Multigremial y, en ocasiones, con los diputados y senadores quienes han aprobado sus solicitudes mediante la ley de lobby.
“Llegamos incluso a reunirnos con el senador Carlos Montes, quien luego de escucharnos nos dijo ‘yo fui torturado, ¡no me pueden pedir eso a mí!’ Y está bien, yo respeto eso, pero una cosa no quita a la otra”, agrega Catalán.
Para Sergio Canals Baldwin, otro de los miembros de la CREN, no se trata de impugnar las condenas, sino que los reos que padezcan enfermedades terminales o demencia senil las cumplan desde geriátricos o desde sus casas. “A mí me parece que por muy canalla que hayan sido algunos, no puedes jugar a ser más canalla que ellos. Esos viejos se están muriendo, ¿qué sacas con tenerlos ahí?”, sostiene.
Sergio Canals Baldwin, miembro de CREN y ocho veces productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar. La trayectoria de Canals Baldwin es, sin duda, particular. En el libro Terrorismo de Estadio, de la periodista Pascale Bonnefoy, se consigna que mientras Sergio Canals Baldwin era teniente del ejército, cumplió labores de seguridad en el Estadio Nacional. Aunque Canals niega haber pisado el recinto, varios prisioneros aseguran haberlo visto en el estadio y posteriormente en el centro de detención Chacabuco, donde fue oficial encargado de seguridad del Campamento de Prisioneros.
Tiempo después, llegó a ser segundo comandante de la División de Inteligencia de la Región Metropolitana de la CNI entre 1981 y 1983, la cual dependía directamente de Álvaro Corbalán. Recientemente estuvo procesado en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez y por su participación como cómplice en los homicidios calificados de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, conocido como el montaje de calle Janequeo, en la comuna de Quinta Normal. Causas en las cuales aún no hay sentencia.
Luego de su paso por el ejército, Canals fundó la productora de eventos SCB (bautizada así por sus iniciales), de la cual es hoy director ejecutivo. En la página de SCB, se lee una breve reseña de su trayectoria como productor: “Vasta experiencia en la industria de la Televisión y Espectáculos, 25 años en Canal 13 participando activamente en el equipo realizador del destacado director Gonzalo Bertrán, y ocho años como Productor General del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.
Para él, sin embargo, la causa de los presos en Punta Peuco va más allá de su vinculación con el mundo militar. “El problema no existe sólo en Punta Peuco, sino en todos los penales de Chile. La justicia, la reparación, eso no se toca. Pero tampoco podemos tener un ser humano que ni sabe qué es lo que pasa, ¡déjenlo vivir sus últimos días con su familia! Es una cuestión de lógica humana. ¡Chile necesita humanizarse!”. Para Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), hay algo grave en que estas agrupaciones se encuentren sosteniendo reuniones en el Congreso. “Están cambiando la realidad de la historia. Quienes ayer fueron bestias, hoy se están cambiando la piel y están tratando de instalar la idea en el inconsciente colectivo de que son unos pobres viejitos”, sostiene.
Sobre las imputaciones que actualmente existen sobre Sergio Canals, este se defiende. “Tengo un profundo respeto por Lorena Pizarro. Entiendo perfecto el otro lado, que hay mucho dolor, que no conocen donde están sus familiares. Pero también hay que escuchar lo que dice el padre Montes. Él es una autoridad transversal. Se dio cuenta que aquí también había una falla, algo que todos como sociedad tenemos que solucionar”, reflexiona. Para Pizarro, el tema no acaba ahí. “Si están envejeciendo, el recinto carcelario tendrá que hacerse cargo de sus enfermedades. Hay que recordar que existe un trato bastante inequitativo en torno a este tipo de presos y el común de los mortales”. En otro reportaje del periodista Escalante, se consigna que Roberto Hernández, el tercer miembro de la CREN que figura en las solicitudes a los congresistas, habría acompañado a la comitiva del teniente Kenny Aravena en el retiro de dos prisioneros de la Cárcel Pública para su posterior asesinato; enmarcado en los crímenes cometidos en el Regimiento de Buin.
Proyectos de ley. Uno de los argumentos más recurrentes de quienes defienden las iniciativas presentadas en el Congreso, es el del respeto a los Derechos Humanos del Adulto Mayor. “Yo creo que Chile no ha sido sancionado por algún organismo internacional de DDHH por gracia de Dios, nomás. Tener prisionera a gente que sufre de Alzheimer es una crueldad”, sostiene el senador por la Región de Atacama, Baldo Prokurica. En efecto, una de las resoluciones de la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA garantiza en su artículo 13 “el acceso a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, se promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad (…)”.
El año pasado, Prokurica visitó Punta Peuco invitado por familiares de quienes allí se encuentran. Sobre lo que vio, cuenta: “Fue una experiencia muy dura, salí muy golpeado. He ido a muchas cárceles, este caso era especialmente muy duro”. “Me encontré con gente de 89 años, con muletas, personas con alzheimer que no saben dónde están, gente que está siendo tratada en un lugar que no tiene agua potable. Visité la cocina donde se prepara la comida tanto de los internos como de los funcionarios y es un desastre, no hay un restaurant de Santiago que pasaría una inspección con las normas de sanidad que presentaba esta cocina”, sostiene.
Actualmente, y según Gendarmería, existen 118 reclusos en el penal construido especialmente para exmilitares procesados por delitos a los DD.HH. Según la CREN, al menos una decena de ellos padece de demencia senil, y otros varios más son incapaces de velar por sus propios cuidados. “Hay familias que tienen que pagarle al vecino de celda para que les limpie el poto y le cambie los pañales a los prisioneros, porque es evidente que los gendarmes no se van a prestar para esas cosas”, sostiene Prokurica. El senador agrega: “seguir teniendo a esos viejos ahí, imposibilitados de ver a sus familiares cuando fallecen, es propio de nazis, de gente muy mala. Yo entiendo cuando los representantes de Derechos Humanos en Chile dicen que ellos fueron criminales atroces, pero ¿eso nos permite a nosotros hacer lo mismo con ellos?”.
El primer párrafo del proyecto de ley presentado por Prokurica (el cual también firman Iván Moreira y Francisco Chahuán) consigna que los condenados calificados de bajo compromiso delictual, y quienes durante el cumplimiento de su condena alcancen la condición legal de adulto mayor, podrían continuar “cumpliendo la pena impuesta bajo arresto domiciliario y custodia de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado hasta completar la condena impuesta”.
Alejandro Navarro, uno de los senadores que presentó el proyecto de ley junto a José Manuel Ossandón, asegura que uno de los problemas de la iniciativa es qué tan confiables serán los informes médicos que acrediten enfermedades catastróficas o mentales. “El gran estigma de quienes hoy alegan estados graves de salud o demencia senil, es la imagen de Pinochet bajándose del avión en Pudahuel, luego de estar detenido en Londres, levantándose de la silla de ruedas y besando el suelo del aeropuerto. Eso removió muy fuertemente la conciencia de todos: que el principal responsable de los crímenes contra los Derechos Humanos haya huido de la justicia mediante el ardid de fingir una grave enfermedad”.
Impunidad. “¡Los senadores no deben liberar a esos criminales de lesa humanidad!” vocifera Verónica De Negri, madre del joven fotógrafo asesinado durante la dictadura, Rodrigo Rojas. Detrás de ella, una decena de mujeres pertenecientes a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) la siguen a coro, encadenadas a una de las rejas del ex Congreso Nacional. Hace tres días que como agrupación se enteraron de los proyectos de ley que buscan flexibilizar las penas para los reos presentes en Punta Peuco, y han decidido encadenarse para exigir una reunión con el ministro del Interior para presentar su oposición a los proyectos de ley.
“Por lo general, cuando visitan las comisiones en el Congreso, se presentan a sí mismos como ‘Conscriptos víctimas del terrorismo de Estado’. Pero lo que finalmente uno se encuentra es a sujetos vinculados a las FFAA, sujetos que fueron parte de la maquinaria criminal de la dictadura. Lo que hacen estas asociaciones, en el papel, es buscar impunidad para los violadores de derechos humanos”, sostiene Verónica De Negri, miembro de la AFDD.
Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación, complementa: “¿Acaso de nuestro lado no han pasado los años también? Carmen Vivanco está a punto de cumplir 100 años, y aún no hay claridad de dónde están sus cinco familiares desaparecidos por la dictadura. Entonces, en casos donde hay condenas que llegaron tarde, y donde ellos nunca colaboraron ¿nos vienen a pedir ahora que nosotros los ayudemos a morir más tranquilos? Deberían asumir con más dignidad su proceso”. www.theclinic.cl/2016/06/23/los-lobbystas-de-punta-peuco/
Juicio por crimen de Victor Jara: Imputado por el asesinato dice que no conocía al artista
22 junio 2016 Juicio por crimen de Victor Jara: Imputado por el asesinato dice que no conocía al artista El ex teniente, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009.
La defensa de Pedro Pablo Barrientos Núñez aseguró que el ex militar desconocía al cantautor Víctor Jara, lo mismo que las torturas y asesinatos extrajudiciales que se llevaron a cabo en el Estadio Chile en 1973, donde fue acribillado el artista. Barrientos, de 67 años y quien hoy testificó por primera vez en el proceso judicial que se le sigue en Orlando (EE.UU.), negó conocer para esa época al músico de 40 años, quien también era profesor, director de teatro y activista político. En la segunda semana de este juicio, sus abogados y testigos han señalado que en aquella época Barrientos no sabía de Jara, y tampoco tuvo conocimiento de torturas ocurridas en el aquel entonces conocido como Estadio Chile.
El ex teniente, que se mudó a EE.UU. en 1989, precisó a través de sus abogados que solo tuvo conocimiento del cantautor y de los sucesos recién hasta 2009. La ex esposa del militar, María Castro, quien testificó a favor de Barrientos, dijo incluso desconocer el golpe de estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, ocurrido cinco días antes del asesinato de Jara. La testigo señaló que fue en 1987 cuando supo del golpe y de la violencia que se desató en Chile por esa época, y recién en 2008 supo de Jara y de las muertes en el polideportivo. Barrientos, quien ya es ciudadano estadounidense, está acusado del asesinato extrajudicial y tortura de Víctor Jara en una demanda civil interpuesta por su esposa Joan Jara y sus dos hijas.
La semana pasada, varios testigos de la acusación, entre ellos exoficiales chilenos, rindieron testimonios encaminados a demostrar que Barrientos era uno de los militares a cargo del estadio, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y decenas de estudiantes y maestros.
Señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del Estadio Chile, ahora Estadio Víctor Jara. El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, presentó la demanda civil en 2013. Tanto Joan Jara, la viuda del cantante, como sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda Jara, han rendido también testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton.
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