La venta de una propiedad en Chillán en diciembre por más de $780 millones abrió la puerta al negocio que aún controla la viuda de Pinochet: los bienes que el Estado cedió a la Fundación Cema, de la cual es presidenta a perpetuidad. El millonario patrimonio ha sido vendido sin que haya registro contable de ello ni del destino de esos dineros que superan los $6.300 millones, según descubrió CIPER. Hasta los US$150 mil que legó el famoso escenográfo Raimundo de Larraín a Cema, desaparecieron. En los registros aparecen pagos a hijos, nietos y bisnietos del matrimonio Pinochet. El juicio está paralizado. Fue una sorpresa que Lucía Hiriart llegara al evento que un grupo de seguidores organizó para este miércoles 25 de noviembre en su parcela de Los Boldos: la conmemoración de los 100 años del natalicio de su difunto esposo, el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte. Lo más probable era que no asistiera. Con casi 92 años, hoy apenas se puede mover sin la ayuda de un andador. Según un reportaje de La Tercera, aunque “mentalmente se encuentra bien”, su situación es delicada: dos veces se ha roto la cadera en el último par de años. Ya no es la mujer fuerte que solía ser. De sus 17 años en el poder sin contrapeso no quedarían más que recuerdos si no fuera porque aún se mantiene inamovible en un cargo que asumió hace 42 años, cuando apenas comenzó la dictadura, y que no quiere soltar. Porque desde que se instaló como presidenta de la Fundación Cema Chile, se apropió de esa institución como si fuera su fundo, y de paso, de un millonario patrimonio que ya se calculaba en unos $3.350 millones en 2005, cuando los dineros de la fundación pasaron a ser parte de la investigación por el millonario desvío de dineros públicos a las cuentas que Pinochet y su familia ocultaban en el Riggs y otros bancos y paraísos fiscales fuera del país.
El 92% de ese monto lo constituyen los inmuebles que el Fisco le donó a la fundación entre fines de los ’70 y 1990. Los mismos que le sirvieron a Cema para hacer lucrativos negocios inmobiliarios una vez recuperada la democracia y transformarse así en una inagotable fuente de recursos para la familia Pinochet. Lo grave es que hasta hoy, Lucía Hiriart dispone de ese patrimonio como si fuera su fortuna personal. Hasta ahora se creía que eran 113 las propiedades que el Estado tenía repartidas por todo el país y que entregó gratis a Cema. Así lo señalan los registros que el Ministerio de Bienes Nacionales envió a CIPER hace tres años (ver lista). Pero una silenciosa venta en Chillán, a fines de 2014, da cuenta de que el número real de inmuebles regalados a Cema es mucho mayor que los reportados por el ministerio, que la maquinaria para venderlos sigue en marcha y que los ingresos que la fundación ha obtenido por ese concepto ya se alzan por sobre los $6.312 millones. Un informe pericial contable realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en octubre de 2005, señala que después de 1990, el modelo de financiamiento de la fundación cambió. De depender de las subvenciones y donaciones del Estado, pasó a obtener sus ingresos casi exclusivamente de la venta y arriendo de inmuebles. Sólo entre 1996 y 2004, la PDI constató ingresos por más de $3.741 millones por concepto de inmuebles enajenados. Pero el monto exacto sigue siendo desconocido, ya que gran parte de esas ventas no fue incluida en el patrimonio contable de la fundación. Dice el informe: “Las debilidades de control interno observadas en la administración de bienes inmuebles y otras operaciones propias de la gestión administrativa permiten a estos peritos dudar de que el producto de la venta de todas las propiedades transferidas por el Estado a la fundación haya ingresado a las arcas de la entidad”.
A mediados de 2012, CIPER publicó una serie de reportajes que revelaron cómo la institución sin fines de lucro de la que Lucía Hiriart se apropió, una vez acabada la dictadura, se dedicó a vender las propiedades que obtuvo gratis del Estado (ver reportajes). El negocio no sólo benefició a Cema, sino que también a las universidades Bernardo O’Higgins, Mayor y San Sebastián, las que hoy funcionan en terrenos que fueron de Cema y que antes eran propiedad fiscal. Sólo considerando las ventas en Santiago, el monto superaba entonces los $3.783 millones. Pero ahora, tras conocer la venta en Chillán, CIPER dio con nuevos antecedentes que permiten hacer un cálculo que incluye otras ventas en Santiago y en el resto del país y que deriva en una cifra que casi duplica a la anterior.
CIPER volvió a revisar la información entregada por el Ministerio de Bienes Nacionales y cruzó los datos con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y diferentes Conservadores de Bienes Raíces, además de otros antecedentes incluidos en la carpeta que forma parte de la investigación judicial sobre la fortuna oculta de la familia Pinochet y que está caratulada con el nombre de Cema Chile. De esa arista que involucra a la fundación –y que fue sobreseída temporalmente en agosto de 2014 por el ministro Manuel Valderrama–, surgen datos interesantes.
Además de un profundo desorden contable, allí aparecen US$ 100 mil dólares que el consejo de la entidad donó a su presidenta, Lucía Hiriart, para cubrir sus gastos mientras acompañaba a su marido durante su detención en Londres, dinero que le fue entregado en dos partidas de US$50 mil (en 1998 y 1999). También figuran los contratos que les hizo Cema a sus hijos Augusto y María Verónica Pinochet Hiriart (entonces esposa del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou) por trabajos de los cuales no quedó ningún registro. Tampoco del monto de sus remuneraciones. Y los tres créditos que Cema le entregó a su hija Jacqueline y de los cuales sólo reembolsó la mitad.
Los nietos y bisnietos de Lucía Hiriart también gozaron de la ayuda social de Cema. Su nieta María Verónica Pinochet Molina -hija de Augusto Pinochet Hiriart-, fue contratada como “relacionadora pública” de la fundación. Y en los registros aparece además que dos de los hijos de María Verónica recibieron dinero para pagar su educación.
Lo nuevo de esta historia -que está congelada en tribunales-, es que la última venta de un inmueble de Cema en Chillán, en diciembre de 2014, entrega una pista que guía directamente a otras 105 propiedades de origen fiscal y que no aparecen registradas en la información que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó a CIPER hace tres años (ver lista completa).
Eso significa que el total de los inmuebles que Cema recibió gratis del Estado de Chile y que fueron vendidos por su presidenta, se desconoce. Con la información que ahora recoge CIPER se han podido identificar al menos 218 inmuebles que el Estado cedió a Cema para cumplir su rol social a favor de “la familia chilena” y que a 25 años del fin de la dictadura Lucía Hiriart ha seguido vendiendo en su beneficio.
LA PISTA DE CHILLÁN
Hasta fines de 2014, Cema fue dueña de la propiedad ubicada en Avenida Ecuador Nº 395, en Chillán. El terreno abarca 4.080 m2 y lo obtuvo gratis en marzo de 1987, luego de que la Municipalidad de Chillán (bajo la administración del alcalde Juan Héctor Canahuate) se lo traspasara “irrevocablemente” para construir allí su sede provincial y comunal. La donación fue avalada por el Ministerio del Interior y lleva la firma de Pinochet. La única prohibición establecida en el contrato fue que el bien raíz no podía ser enajenado por un período de cinco años a partir de su inscripción a nombre de Cema, tal como lo estipula el DFL 789 de 1978, que regula la adquisición y disposición de bienes municipales.
Por entonces, el terreno estaba eriazo y avaluado en poco menos de $4,5 millones. El 26 de diciembre del año pasado, cuando Cema lo vendió, lo hizo en más de $783,7 millones.
Hace varios años que Cema dejó de usar ese inmueble. Al menos desde 2002 esa dirección corresponde a las oficinas de los dos Juzgados de Policía Local de Chillán. Cema se lo arrendó a la municipalidad con el compromiso de que ésta lo destinaría exclusivamente a ello u a otros fines “relacionados estrictamente a su gestión administrativa”, quedando excluida la posibilidad de instalar allí un “centro comunitario, juntas de vecinos, clubes deportivos, sedes sindicales y otros análogos” (ver contrato). El valor establecido para el arriendo fue de $700 mil mensuales. A ese monto se le debían restar $100 mil que corresponden a lo que Cema debe pagar al municipio como arriendo de su nueva sede a sólo dos cuadras de distancia.
Cuando Cema decidió poner a la venta el terreno, notificó al municipio y le hizo saber que, como arrendatario, tendría la primera opción de compra. En octubre de 2013 el director de Control de la municipalidad, Wenceslao Vásquez, sugirió al alcalde Sergio Zarzar (RN) encargar un informe en derecho: ¿era legal que se vendiera un terreno que la municipalidad donó con un fin específico? (ver oficio de Vásquez). Consultado por CIPER, Vásquez dijo que el informe nunca se pidió formalmente, ya que los mismos abogados del municipio revisaron los antecedentes y señalaron que como la donación no estableció otras prohibiciones, además del plazo de cinco años para enajenar, y como a ese momento ya habían pasado casi 25 años, no había irregularidades en el proceso.
La municipalidad no ejerció su opción de compra y el 26 de diciembre de 2014, Cema vendió el terreno a la Sociedad Agrícola Covadonga, representada por José Antonio Díaz Iriondo. A fines de ese mes, el nuevo dueño envió una carta a la municipalidad para avisar que el arriendo subiría a partir de enero de 2015: en vez de $700.000, serían 230 UF, que a la fecha equivalían a más de $5,6 millones. Un precio que no prosperaría: a fines de febrero de este año firmaron un nuevo contrato de arrendamiento por 49,5 UF mensuales (poco más de $1,2 millones).
Lo que más llama la atención en esta transferencia es que, a pesar de que Cema se hizo de la propiedad a través de una donación del municipio, este inmueble no figura en la lista de 113 propiedades que el Estado le cedió a Cema y que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó a CIPER en 2013. De hecho, de los 49 bienes raíces que todavía figuran a nombre de CEMA Chile en un informe de bienes de la fundación fechado en junio de 2014, muchos no aparecen en la nómina.
DONACIONES SIN REGISTRO
Si la antigua sede de Cema en Chillán no aparece en los registros del Ministerio de Bienes Nacionales, es porque fue una donación directa no desde el Gobierno Central, sino que desde el municipio. Las condiciones son básicamente las mismas que con los bienes que entrega el ministerio: prohibición de cinco años para enajenar y si en ese período la fundación no usa el inmueble para lo cual se le entregó, tendrá que devolverlo. Pero son normas distintas, porque aunque todos son bienes del Estado, unos son de propiedad fiscal (Ley 1.939) y los otros de propiedad municipal (DFL 789).
Es por eso que tampoco aparecen en la lista los inmuebles de Avenida Angamos Nº 497, en Antofagasta; el de calle Prat sin numeración, en Huasco; el de Portales Nº 81, en Casablanca; ni los otros 43 que durante la dictadura le entregaron de forma gratuita a Cema otras municipalidades del país. CIPER pudo corroborar que la fundación de Lucía Hiriart ya se ha desprendido de –al menos– 17 de ellos, lo que le ha significado ingresos por poco más de $969 millones.
Otras donaciones de bienes fiscales que no figuran en los registros gubernamentales son las que provienen de los distintos Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Al comparar los registros con los que la propia fundación entregó a los tribunales en 2005, aparecen siete propiedades entregadas a Cema por esa vía. Una se ubica en Río Ibáñez, en la Región de Aysén. Las otras seis están en la Región de Valparaíso. En Los Andes hay una. En San Antonio son dos. Las otras tres se reparten así: dos en La Ligua y una en Concon, pero fueron vendidas entre 1993 y 2003. El valor de venta de las tres últimas propiedades fue de $20 millones. Lo que no se explica es que en la respuesta que envió el Ministerio de Bienes Nacionales a CIPER en 2013, son 52 inmuebles los que no aparecen mencionados y que sí fueron entregados a Cema por esa repartición. Una omisión de la cual da cuenta un nuevo catastro ministerial al que tuvimos acceso para este reportaje (ver catastro). Un ejemplo: la propiedad ubicada en la calle Atamu Tekena de Isla de Pascua, que el Estado le entregó en 1988 a la fundación y que ésta vendió en $10 millones en 2004, no aparece en la lista de 2013, pero sí en la nueva. Otro ejemplo: la de calle Nelson Nº 171, en el Cerro Barón de Valparaíso, entregada gratis a Cema en 1987 y vendida en 1998 por $25 millones. En todo caso, de esos 52 inmuebles omitidos, la mayoría tampoco aparece en el nuevo registro. CIPER logró encontrarlos tras revisar los listados anexos en distintos informes policiales incluidos en la carpeta de la Corte de Apelaciones.
El desorden en el registro de las propiedades que el Estado le entregó a Cema ha hecho que aun hoy sea imposible determinar con certeza cuántos inmuebles le fueron regalados a la fundación de Lucía Hiriart. Los datos que la misma institución entregó a la justicia hace ya una década no calzan con los registros del Conservador de Bienes Raíces. En parte, porque algunos terrenos fueron loteados y vendidos por separado a sus socias. Son las llamadas “Villas Cema”. En su informe Dicom, la fundación registra 44 bienes raíces a su nombre. Solo en Renca hay 17, todos en el sector de Esmeralda con José Miguel Infante, el cual fue entregado a Cema en una sola transferencia en 1988. El paño hoy contempla toda la Villa Araucanía, la que es atravesada por unas ocho cuadras, y que registra la venta de 77 viviendas durante la década del ’90.
El caos en los registros de la fundación es tal que tampoco allí hay claridad respecto a cuántas propiedades componen su patrimonio inmobiliario y cuál es su verdadero valor. En los registros de Cema que tuvo a la vista la PDI, entre los pocos inmuebles que sí fueron ingresados a su contabilidad, por lo menos 18 figuran tasados en $1. Por eso, la policía estableció en un informe que el patrimonio de la entidad está “distorsionado” y “no es fidedigno”. Quien tuvo a su cargo las finanzas de Cema desde fines de los ‘70, Nancy Vargas, lo explicó así en una declaración ante la PDI en 2005:
“Nunca se llevó un registro contable de las propiedades, ya que por instrucciones del directorio, éstas debían ser llevadas y administradas por la fiscalía de la fundación (…) Varias propiedades están ingresadas contablemente con valor de $1: corresponden a inmuebles donados a la fundación por Bienes Nacionales que, al no contar con su valor de tasación, se ingresaron con ese valor para mantener un registro. La decisión fue tomada por el Departamento de Finanzas (de Cema). Cuando en marzo de este año iniciamos un catastro de las propiedades de la fundación, pudimos enterarnos que existen varias que no están registradas, en especial inmuebles en provincias. Pese a encontrarse registradas en los respectivos conservadores de bienes raíces, la fundación no tiene mayores antecedentes de ellas, aun cuando estaban siendo ocupadas por las respectivas sedes”.
Pero el desorden no sólo tenía que ver con la gestión de las propiedades. Todos los registros contables desde 1996 hacia atrás fueron incinerados. Y con ello, gran parte de las pruebas que podrían haber determinado si parte de los US$ 21,8 millones de origen desconocido que había en las cuentas de Pinochet en el extranjero provenía o no de la Fundación Cema Chile. Lo que sí encontraron los detectives fueron los libros de actas de su consejo. Y allí aparecieron nuevas irregularidades que dan cuenta de cómo la familia Pinochet utilizó a la fundación para obtener recursos, los que incluso si se acaba la fundación, irán a parar al clan.
LA OTRA FUNDACIÓN DE LOS PINOCHET
A Lucía Hiriart nadie la eligió para ocupar la presidencia de Cema. La hoy viuda de Pinochet llegó a esa posición en 1973 solo por ser la “esposa del Presidente”, en este caso de facto. Fue el punto de partida para transformar por completo la institución que la esposa del entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo había creado dos décadas antes con el fin de prestar ayuda a la familia chilena, principalmente de “los hogares obreros”, por medio de una red de centros de madres creados en distintos puntos del país. Todo lo que vino después es lo que la PDI consideró para concluir en uno de sus informes que desde que la esposa de Pinochet asumió el cargo, la fundación “ha sufrido una serie de cambios, todos dirigidos a mantener el control en manos de la señora Lucía Hiriart”.
Fue algo paulatino, pero muy bien pensado. Primer paso: la nueva presidenta y su equipo de consejeras –compuesto por el resto de esposas de los integrantes de la Junta de Gobierno– eliminaron de los estatutos todas las alusiones sobre “la clase obrera” o “el pueblo”. Segundo paso: para ser presidenta de la fundación el requisito ya no era ser primera dama, sino que ahora había que ser la cónyuge del comandante en jefe del Ejército. Tercer paso: cambiar el foco. El objeto de la entidad dejó de ser el “bienestar material y espiritual” de niños y mujeres de escasos recursos en general, y pasó a centrarse sólo en “la mujer socia de los centros de madres”. Les impartirían talleres de artesanía y cocina, entre otros, y les entregarían viviendas sociales. Todo en los terrenos y edificios cedidos gratuitamente por el Estado. Fue así como llegaron a tener una red en todo el país.
Fueron movidas inteligentes. Lucía Hiriart creaba así su propio club de mujeres en los sectores más vulnerables de la población, y de paso, aseguraba en sus manos el control total sobre Cema y su patrimonio. Más adelante, en 1997, cuando su marido estaba por dejar la comandancia en jefe del Ejército, modificó de nuevo los estatutos para que nadie la sacara de allí. Para ser presidenta de Cema ya no sería requisito ser la esposa del comandante en jefe, sino que sería elegida por el consejo de la fundación. Un consejo sobre el cual ella misma tenía el control. Fue así que terminó de apropiarse de la entidad a perpetuidad.
Tanto es así que incluso cuando Cema ya no exista, la familia Pinochet podrá seguir lucrando con ella.
Según su última modificación de estatuto, dos entidades se repartirán el patrimonio de Cema en caso de liquidarse. Una es la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, entidad creada por esposas de oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y que administran residencias de retiro para la tercera edad (ver sitio web). La otra es la Fundación de Apoyo Social, de la cual lo único que se sabe es que obtuvo personalidad jurídica en 1983 y que su único directorio conocido lo integran la misma Lucía Hiriart como presidenta, sus tres hijas –Lucía, María Verónica y Jacqueline– como vicepresidentas y su hermana Tatiana en el cargo de primera directora.
TODO QUEDA EN FAMILIA
“Asesorías en materia de transportes”. Fue por ese concepto que Augusto Pinochet Hiriart fue destinado en 1978 “en comisión de servicios” desde el Ejército hasta la fundación que presidía su madre, la primera dama. Al menos eso es lo que dice en las actas de Cema que revisó la policía. Como los registros contables de esos años fueron eliminados, es imposible saber cuánto se le pagó y qué tipo de asesorías realizó, si es que realizó alguna. No fue el único miembro de la familia que figuró como empleado de la fundación.
Ya antes se había acordado en una sesión del consejo que en la fundación “no deben trabajar parientes, salvo los casos de personal de exclusiva confianza y altamente calificado”. Eso fue en abril del ’76, el mismo día que una de las hijas de la presidenta de Cema, María Verónica Pinochet Hiriart, quedaba a cargo de sus nuevas “galerías artesanales”.
En marzo de 1997, la hermana del general Pinochet, María Teresa Pinochet Ugarte, figuraba como vicepresidenta regional de Cema. Ese mismo año, apareció una nueva generación: María Verónica Pinochet Molina ingresó a la fundación que preside su abuela como “encargada de Relaciones Públicas”. Cuando la PDI le preguntó por su trabajo en la fundación, reconoció que no tenía título ni estudios superiores, que sus labores eran “más bien menores” y que no estaban “plenamente identificadas con los de una relacionadora pública”. Aún así ejerció el cargo por cinco años y durante todo ese período se le pagó un sueldo mensual de poco más de $500 mil. A eso se suma que en 2001 fue beneficiada con una “ayuda social” por concepto de “servicios educacionales” para dos de sus hijos, dinero que devolvió a Cema en 2005, en medio de la investigación de la justicia.
Otra miembro del clan Pinochet Hiriart se vio directamente favorecida con los recursos de la fundación: Jacqueline, la menor de los cuatro hijos del general, recibió de Cema tres préstamos que suman un total de $11 millones. Sólo devolvió la mitad de ese monto.
LA HERENCIA DE RAIMUNDO DE LARRAÍN
Así como Cema le sirvió a Lucía Hiriart para contar con US$100 mil cuando su marido estaba con prisión domiciliaria en Londres (además del enorme flujo de dinero que empresarios chilenos le hicieron llegar), hay antecedentes que indican que hubo otras partidas de dinero que fueron recibidos por la viuda de Pinochet a nombre de la fundación, pero que nunca llegaron a sus arcas.
Fue Doris Manley, la esposa del general Santiago Sinclair, quien contestó el teléfono. Era 1989, y al otro lado de la línea, la cónyuge del entonces vicecomandante en jefe del Ejército y miembro de la Junta de Gobierno, escuchó la voz de una mujer que parecía molesta. Era Elena Larraín Valdés, quien llamaba para pedirle explicaciones. Hacía poco que se había ejecutado en Nueva York el testamento de su hermano, el afamado escenógrafo, diseñador de vestuario y fotógrafo de modas, Raimundo de Larraín, y le parecía indignante que nadie de la Fundación Cema Chile la hubiera llamado a ella o a alguien de su familia para agradecerle su legado.
Mal que mal, eran US$ 150.000 que su hermano, viudo de Margaret Strong Rockefeller –nieta del cofundador de la Standard Oil, el magnate norteamericano John D. Rockefeller–, había reservado especialmente para la institución. Manley le respondió que debía haber un error. Y fue en esa conversación que se enteró de que ese dinero había sido enviado a Chile y lo había recibido directamente la presidenta de Cema, la esposa del general Augusto Pinochet y por esos días aún primera dama, Lucía Hiriart.
La contadora Nancy Vargas también se refirió a ese episodio cuando fue interrogada por la PDI en 2005: la plata que Raimundo de Larraín dejó en herencia jamás ingresó a las arcas de la fundación. Nunca se acreditó el destino final de ese dinero.
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