En un escrito de cerca de 50 páginas, el fiscal nacional, Sabas Chahuán explica los antecedentes con lo que cuenta para que la Corte de Apelaciones de Santiago le anule la inmunidad parlamentaria. De acuerdo al texto al que accedió The Clinic Online, Orpis había operado desde su calidad de congresista en favor de los intereses de la empresa Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini. El gremialista recibió pagos por más de 230 millones de pesos a cambio de boletas ideológicamente falsas facilitadas por sus asesores y los familiares de éstos.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitó ante la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del senador de la UDI, Jaime Orpis, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude al fisco, esto en el llamado caso Corpesca. En un escrito de cerca de 50 páginas, el persecutor explica los antecedentes con lo que cuenta para que el tribunal de alzada le anule la inmunidad parlamentaria.
De acuerdo al texto al que accedió The Clinic Online, Orpis había operado desde su calidad de parlamentario en favor de los intereses de la empresa Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini.
Hay que recordar que el parlamentario recibió por espacio de dos años más de 230 millones de pesos a través de boletas ideológicamente falsas, documentos extendidos por sus asesores y los familiares de éstos. En la petición se menciona incluso a Santiago Sepúlveda y Gloria Labraña, empleados de la corporación Esperanza que mantiene Orpis, y donde su esposa es la directora ejecutiva.
Justamente esta misma mañana, en entrevista con radio Cooperativa, Chahuán había adelantado que antes de dejar su cargo el próximo 1 de diciembre solicitaría desaforar a algunos de los parlamentarios vinculados a las investigaciones que sustancia la Fiscalía.
Los hechos. Para justificar la solicitud de desafuero, Chahuán describe una serie de hechos asociados a la conducta criminal que desplegó Orpis con Corpesca para tratar de influir en la tramitación de la ley del ramo en favor de los intereses de la firma del grupo Angelini.
El escrito da cuenta de correos electrónicos entre el parlamentario y el ex gerente general Francisco Mujica -también imputado y querellado en la causa- donde le explica los intereses que tiene Corpesca en que se modifiquen algunos artículos respecto de las cuotas de captura.
Mujica le escribe a Orpis el 6 de noviembre de 2012 enviándole instrucciones para que opere: Se debe respetar el acuerdo de la mesa pesquera y no incluir las licitaciones ya que generan incentivos cortoplacistas, ponen una presión desmedida a los recursos biológicos y generan inestabilidad en la industria y sus trabajadores.
La petición revela también el modus operandi de los “testaferros”, como los llama la Fiscalía refiriéndose a la jefa de Gabinete, María Viviana Quiroz Ruiz y de su asesora Carolina Gazitúa.
A su vez, el Ministerio Público detalla todas las boletas emitidas, ya sea por asesores, familiares de éstos, e incluso de Francisco Rojas, actual core de Tarapacá de la UDI. Este último prestó servicios de asesorías comunicacionales inexistentes.
Otro core de Arica recibe platas enviadas por Orpis que son recibidas por Andrés Peralta.
También el senador ordena a su secretaria transferir dos millones a Mario Zumelzu, histórico abogado de la UDI.
También el gremialista depositó a su propio hijo, Santiago Orpis.
Con esos antecedentes Chahuán estima que hay un delito reiterado de cohecho.
Suma y sigue. La Fiscalía también incluye correos enviados por Orpis a un ejecutivo de Corpesca, donde da cuenta que intenta convencer a parlamentarios de la Cámara Alta para que voten según los intereses de la pesquera: “Mañana me comunicaré con Antonio Horvath. El problema que el día martes por la fiesta de la Vírgen de Lo Vásquez el Senado funcionará en la mañana. Primero debe pasar a la Cámara. Nos podríamos juntar a primera hora en la comisión mixta y resolver. No tengo la seguridad de que se pueda ver en la Sala. Haremos el intento”.
El mismo 6 de diciembre de 2010 escribe otro: “Logré conversar con Andrés Chadwick, quien me reemplazaría (en la comisión de Pesca). Como tú bien sabes, la sesión se desarrollaría mañana a las 09:30 horas. Como debía venir a Iquique, viajé por el día, y recién a las 11:20 de la mañana nos citaron, lo que me impide estar presente en la sesión”.
Los mails citados por la fiscalía siguen dando cuenta de la coordinación de Corpesca con Orpis precisamente cuando recibía los pagos que usó para, a dicho, pagar sus gastos de campaña.
Para el caso de lavado de activos la fiscalía estima que este se produce porque se desviaron dineros al pago de personas y temas particulares, escondiendo de esta manera el origen del dinero.
El tribunal de alzada capitalino, constituido en pleno, deberá fijar fecha donde tanto la defensa como la fiscalía deberán exponer sus argumentos.
Debido a la gravedad de los delitos y a la pena asignada a cada uno de ellos, la reiteración y la eventual “prognosis de pena” la fiscalía podría solicitar prisión preventiva contra el parlamentario.
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El detalle de los argumentos de la Fiscalía para el desafuero de Orpis
Según el informe presentado hoy por Sabas Chahúan en la Corte de Apelaciones, el senador UDI habría recibido más de $264 millones en cuatro años. http://fw.to/ORdJg5L
Este viernes el Fiscal Nacional Sabas Chahuán presentó la solicitud de desafuero del senador UDI Jaime Orpis, en el marco de la investigación Corpesca. Es así como el informe de la Fiscalía indica que esta firma "a través de su gerente general Francisco Mujica Ortúzar aceptó dar un beneficio económico al senador Jaime Orpis Bouchón actualmente en ejercicio lo que motivó al Ministerio Público a seguir esta línea de investigación obteniendo los resultados que se expondrán al momento de relatar los hechos".
Más adelante se indica que "entre los años 2009 y 2013 el senador en ejercicio solicitó a Mujica en diferentes oportunidades distintas sumas de dinero para el financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI para representar a la regiones I y XV y para pagar deudas derivadas de la misma campaña a cambio de favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores parlamentarias, ya sea mediante de la realización de actos debidos propios de su cargo como a través de actos cometidos con infracción de su cargo. Dichos aportes fueron solicitados al margen del régimen legal del financiamiento de campañas políticas". "La empresa Corpesca a través de su entonces gerente general accedió a su solicitud y le pagó al imputado de manera ininterrumpida entre marzo 2009 y abril del año 2013 un total de $264.254.120, lo que arroja un promedio de pagos equivalente a $5.285.082 mensuales, a cambio de que éste realizara determinadas acciones propias de su cargo en el Senado en favor de la empresa pagadora o también otras con infracción a los deberes de su cargo", sostiene el documento.
En cuanto a la supuesta infracción de su cargo como parlamentario, detalla que "entre 2009 y 2013 el gerente general y otros ejecutivos y empleados de la compañía hicieron llegar al senador una serie de instrucciones así como también documentos o materiales que luego fueron reproducidos por éste en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de ley, ya sea en tanto fuera miembro de la comisión de Pesca y Acuicultura". La Fiscalía asegura que algunas de esas instrucciones fueron enviadas mediante correos electrónicos, los que también aparecen mencionados en el escrito entregado hoy a la Corte.
"Ocultamiento de lo ilícito de los dineros" En el documento se indica que "Orpis a sabiendas que los dineros recibidos de la empresa Corpesca a través de su entonces gerente general provenían directa o indirectamente de la comisión reiterada en el tiempo del delito de cohecho, realizó diversas acciones cuyo objetivo era ocultar o disimular el origen ilícito de estos. Otorgándoles de esta forma una cierta apariencia de legalidad o justificación que impidiera develar la ilícita fuente y le permitieran aprovechar tales recursos y utilizarlos sin temor a controles".
"De esta manera en concreto ideó e implementó un sistema que consistía en justificar cada uno de los pagos de Corpesca cuyo real origen era del delito de cohecho como contrapartida de asesorías profesionales inexistentes, presuntamente prestadas por diversos terceros cercanos al imputado que operaban como testaferros de éste (…) Asimismo en ocasiones parte de dicho dinero era utilizado por algunos de sus testaferros para el pago directo de créditos de consumo y otras obligaciones de otra naturaleza del imputado". Agrega que esto se realizaba con "la finalidad de materializar la simulación de contratación de asesorías a la empresa Corpesca y cada uno de los supuestos asesores testaferros de Orpis emitía la correspondiente boleta de honorarios ideológicamente falsa que a su vez era facilitada y contabilizada en la empresa por instrucciones de Mujica".
En cuanto a delitos de fraude al fisco, la Fiscalía Nacional asegura que "los contratos de trabajo, así como las contrataciones a honorarios fueron convenidos directamente entre el senador y el prestador de servicios, durante ese periodo el senador Orpis quien escrituró los respectivos contratos y el Senado de la República que de acuerdo a lo pactado realizó los pagos convenidos contra prestación de la correspondiente boleta de honorarios". En septiembre de 2011 se modificó la ley orgánica del Congreso, la que entró en vigencia en marzo de 2012, y que estipulaba que el Senado debía suscribir los contratos de los trabajadores y asesores de los senadores, sin embargo, no interviniendo en el proceso de selección del personal contratado ni tampoco en las funciones ni el control de que éstas se realizaran, lo mismo para los montos a cancelar. Respecto a esta situación, el senador habría contratado los servicios de una persona, quien de acuerdo a la Fiscalía, no prestó los servicios que se indicaban, calificándola de "asesorías contratadas ficticias en cuanto al monto de los honorarios pactados". De acuerdo a todos estos argumentos, Chahuán pidió el desafuero del senador, quien se encuentra con licencia médica, tras sufrir un infarto el pasado 4 de agosto, por el que le realizaron una intervención quirúrgica de urgencia.***********************************
El senador es investigado por cohecho y posible fraude al fisco
Los correos que tiene la fiscalía para desaforar a Orpis
Entre las pruebas también se adjunta la declaración de la secretaria del senador, Blenda Huss, quien dijo que recibe remuneraciones por $3 millones 600 mil y que desde 2012 empezó a recibir en su cuenta, a petición del parlamentario, montos entre $900 mil y $1 millón para pagar cuentas personales de su jefe.
La Fiscalía maneja una serie de correos electrónicos que el senador de la UDI, Jaime Orpis, utilizó desde su casilla personal, o del Senado, del parlamentario o de trabajadores de Corpesca que lo mencionan y que fueron incautados en mayo pasado y que están siendo utilizados como prueba para poder desaforar al legislador gremialista.
A mediados de noviembre se espera que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revise la petición de desafuero de Orpis, el cual fue materializado el viernes por el Ministerio Público, con la intención de formalizarlo y eventualmente solicitar la prisión preventiva por delitos reiterados de cohecho, fraude al fisco y lavado de dinero en el denominado caso Corpesca.
Según consigna El Mercurio, los antecedentes fueron presentados ante el tribunal de alzada por el fiscal nacional Sabas Chahuán y la fiscal experta en delitos económicos, Ximena Chong, en los que se encuentran declaraciones de ex asesores del parlamentario, del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, y de trabajadores de la empresa ligada al grupo Angelini.
Los 28 mails que maneja la fiscalía fueron incautados a Mujica, entre los que se encuentran varios que podrían tener un papel clave para establecer su es efectiva la imputación de la fiscalía respecto a que "actuó como emisario y representante de los intereses de Corpesca, en materias relacionadas con la actividad pesquera" y que empleados de esta compañía le hicieron llegar "una serie de instrucciones".
El primero data del 8 de abril de 2010, el cual el sindicalista Michel Campillay, quien es señalado en la investigación como cercano a la empresa, le escribe a Mujica sobre quiénes estaban en la Comisión de Pesca del Senado, incluyendo al senador UDI, tras lo cual recibe como respuesta "estamos relativamente bien". El 22 de septiembre de ese mismo año, Campillay le escribe al gerente de Corpesca el siguiente correo: Asunto: "Proyecto de ley" y luego le escribe "Dos Francisco, el senador Orpis le envió el proyecto de asociatividad, lo revisó, está de acuerdo, apenas llegue Piñera lo firma, Michel" Además, la fiscalía adjunta un mail del 22 de noviembre de 2012 del sindicalista a Mujica en el que se lee "Asunto: Trabajando Ley de Pesca", en el cual el ente persecutor destaca que en el archivo adjunto hecho llegar al gerente de Corpesca hay "una fotografía de Michel Campillay junto al senador Jaime Orpis y el ministro de Economía de la época, don Pablo Longueira".
A su vez, el gerente de operaciones de la empresa, Miguel Ángel Escobar, escribió el 22 de octubre a su jefe, "Asunto: Consulta sobre incorporar a senador Rossi", y en el texto le dice al gerente general de Corpesca "cuál es su opinión respecto a informar al senador Rossi, que está de regreso en Chile, respecto de las indicaciones y solicitarle que incluya algunas de las indicaciones; por ejemplo, la de retirar del mensaje lo referente al jurel como stock único y dejar a Orpis la indicación de la distribución". Ese mismo día, Escobar le escribe a Mujica que "Jaime Orpis confirmó a Michel Campillay que realizaría las indicaciones al proyecto, tal como se las propuso usted, esto será el día lunes 25. Con el senador Rossi se conversó para que apoye". Entre las pruebas también se adjunta la declaración de la secretaria del senador, Blenda Huss, quien dijo que recibe remuneraciones por $3 millones 600 mil y que desde 2012 empezó a recibir en su cuenta, a petición del parlamentario, montos entre $900 mil y $1 millón para pagar cuentas personales de su jefe.
Estos interrogatorios junto a otros 20 más se liberarán íntegros esta semana a la defensa.
La fiscalía también deberá formalizar a quienes aparecen pagando boletas de asesores de un senador en ejercicio y espera un pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos (SII), por los pagos de Corpesca al parlamentario que fueron contra boletas ideológicamente falsas emitidas por sus asesores, lo cual configuraría delitos tributarios de rebaja ilegal de base imponible en la empresa y emisión de documentos ideológicamente falsos.
Además, la entrada en vigencia de la Ley sobre Responsabilidad de la Persona Jurídica, la fiscalía deberá perseguir penalmente a la empresa del grupo Angelini por el presunto cohecho cometido.
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