Publicado el Viernes, 23 Octubre 2015 . Hugo Guzmán.
Se produjo en estos días un suceso peligroso. Dirigentes de la derecha quisieron imponer que un funcionario público no pudiera cumplir con su deber institucional por el hecho de tener militancia comunista. Para los presidentes de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el dato de que Camilo Ballesteros Briones, director de la División de Organismos Sociales (DOS), milite en el Partido Comunista, es suficiente para inhabilitarlo en el desempeño de tareas propias de su cargo.
Queda en evidencia que si la derecha hace años buscó el exterminio físico de los comunistas, ahora quiere lograr el extermino político de los comunistas.
Para los conservadores Cristian Monckeberg y Hernán Larraín, el director de la DOS tiene un virus. El virus del comunismo. Y en una lógica discriminatoria, retardataria, macartiana, goebeliana, excluyente y autoritaria, establecen como algo natural que un integrante del PC no puede estar al frente de funciones estatales y públicas.
Son las peligrosas tesis de teóricos anticomunistas como Joseph Raymond McCarthy, Jaime Guzmán y Paul Joseph Goebbels que buscaron sacar del mapa a quienes siguieran los postulados comunistas, generando además un marco para que se produjeran operativos represivos de exterminio de seres humanos que simpatizaran o promovieran ese pensamiento. El Partico Comunista de Chile suma miles de sus militantes ejecutados, desaparecidos, encarcelados, torturados y exiliados durante la dictadura militar que Monckberg y Larraín respaldaron; por cierto, ninguno de ellos hizo nada cuando esas chilenas y chilenos fueron asesinados y agredidos…seguramente porque eran comunistas.
Ahora, los dirigentes de RN y la UDI buscan el exterminio político de personas que optaron por el ideario del partido de la hoz y el martillo. Como el ex integrante de la Junta Militar golpista, Gustavo Leigh, consideran que los comunistas son un cáncer. Y vuelven sobre la idea de que hay que extirparlo.
Parecen no dar respiro, porque simplemente se trató de que Camilo Ballesteros, como director de la DOS (que depende del Ministerio Secretaría General de Gobierno), pudiera estar al frente de una campaña de educación cívica como parte del proceso constituyente en marcha.
El funcionario dijo algo simple respecto a desarrollar esa campaña, incluso sin explicitar que podría implementarla el organismo que él dirige u otro del Estado. “El proceso de educación cívica que viene es fundamental para avanzar en un verdadero cambio cultural sobre la participación”. ¿Alguna frase o concepto marxista o comunista?
Sin embargo, Larraín y Monckeberg saltaron de inmediato. “Si el PC va a estar a cargo del proceso constituyente, no tengo nada que hacer ahí”, dijo el presidente de RN; y entrando al reino de la fantasía sentenció que estaba notificado de que “salieron los chavistas a la calle”. Su par de la UDI, al suponer una labor de Ballesteros, espetó: “Se empiezan a confirmar las sospechas de que más que un proceso de educación cívica, es un proceso de adoctrinamiento político, un ejercicio de proselitismo”.
Lo peor del caso, es que no hay una sola palabra de Camilo Ballesteros, ni de alguien del gobierno, que pudiera explicar objetivamente la reacción de los directivos de la derecha. Es que solo era necesario, para ellos, la condición de comunista del director de la DOS para denostarlo.
¿Habrían dicho lo mismo si el director de la DOS fuese de RN, de la DC o del PPD? Ciertamente no.
Es muy grave que los voceros de la derecha sigan descalificando, agraviando y excluyendo a chilenas y chilenos por ser militantes de un partido que, por lo demás, es legal, forma parte de un gobierno, tiene representación parlamentaria, cuenta con el respaldo electoral de decenas de miles de personas y está arraigado en diversidad de organizaciones de la sociedad civil.
Es de seriedad mayor que se pretenda establecer que una o un ciudadano no pueda estar al frente de una función estatal por tener una militancia política determinada.
No es menor que en Chile eso se impuso por la fuerza y actos represivos, cuando la dictadura proscribió y persiguió a las y los comunistas -junto a otras y otros ciudadanos que profesaban idearios políticos-, lo que, tácitamente, vuelve a establecer una coincidencia doctrinaria entre el régimen militar y los presidentes de la UDI y RN.
Que Larraín y Monckeber apunten al exterminio político de los comunistas, no es algo de soslayar fácilmente.
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