Académico, que ha estudiado el discurso de los sectores radicales del conflicto, aborda el reciente viaje de Bachelet y la evolución de la violencia en la zona. El sociólogo Luis Ernesto Tricot, autor del libro “Autonomía, el movimiento mapuche de resistencia” (Ceibo, 2013), es uno de los pocos académicos que ha estudiado el discurso de los sectores radicales mapuche y el fenómeno de la violencia política asociada al conflicto. Magíster en Gobierno y Política Latinoamericana de la Universidad de Essex, Inglaterra, y Doctor en Sociología de Universidad Alberto Hurtado, su diagnóstico sobre el escenario actual es cuando menos preocupante.
¿La reciente visita presidencial a La Araucanía contribuyó a una solución del conflicto?
La visita sólo ayudó a generar más desconfianza, enrareció el ambiente y demostró que el gobierno no comprende lo que sucede en el sur. El secreto del viaje y las extremas medidas de seguridad adoptadas dan cuenta, además, del hecho irredargüible que en La Araucanía se verifica un conflicto real, más allá del discurso oficial que niega su existencia.
El intendente Jouannet insiste en que la violencia obedece a actos de delincuencia
Jouannet demuestra un gran desconocimiento de la historia regional y de las formas de lucha que ha adoptado el pueblo mapuche en el último siglo. La violencia política existe en La Araucanía y al menos una parte de los mapuches la percibe como una herramienta de protesta y también de autodefensa y control territorial ante la acción policial. Negar la existencia del conflicto es hoy la peor señal, lo mismo que negar la existencia de un segmento mapuche que ha optado por la violencia política para agenciar sus demandas, aunque sea minoritario.
¿Por qué?
Porque si la contención policial es el camino, la respuesta será la autodefensa y mayores niveles de resistencia violenta por parte de estos sectores. El problema, tal como subrayó Huenchumilla en su minuto, no es policial, sino que político, por lo tanto debe resolverse en ese ámbito. Para ello debe existir voluntad y canales democráticos para que todos los actores involucrados sean partícipes de un eventual acuerdo.
Pero la Presidenta anunció en Temuco una “mesa de trabajo”.
Ninguna visita o mesa de trabajo resolverá el conflicto si se excluye a las organizaciones mapuches que enarbolan demandas políticas, no sólo economicistas o culturalistas. La demanda mapuche actual no trata solo de tierras; pasa por resolver el problema de la autodeterminación, sea en la forma de autonomía u otra modalidad. Es, reitero, un problema político.
¿Qué caracteriza a las organizaciones mapuches más rupturistas?
Estos sectores hacen su estreno en los eventos de Lumaco, en diciembre de 1997, con el primer atentado a camiones forestales. Esa acción constituyó un punto de inflexión en el desarrollo del movimiento mapuche. Surgen nuevos liderazgos que se piensan desde lo mapuche, prescindiendo de la tutela de partidos políticos chilenos como había sido la tónica en los 80.
Se da un divorcio con la vía institucional
Exacto. Se identifica al Estado como uno de los adversarios principales y resuelven recuperar el territorio histórico usurpado por éste. Son comunidades que ya no se contentan con retazos de tierras que estarían dispuestos a recibir de Conadi; hablan del derecho al territorio, a la lengua, a su cultura y a un modelo propio de desarrollo. En definitiva del derecho a la autonomía y formas de autogobierno.
¿Qué factores contribuyeron a esta vía rupturista?
Por un lado el desencanto ante el primer gobierno de la Concertación, que incumplió el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Y luego, megaproyectos como Pangue y Ralco, sumado al avance de la industria forestal. El contexto es ese; sienten esos sectores que el sistema político les vuelve la espalda, el sistema económico los asfixia y se clausuran, además, los caminos institucionales para canalizar sus demandas. Ante la nula capacidad de Conadi de dar respuestas, los gobiernos optan por criminalizar y allí hace su estreno la violencia política.
¿Qué caracteriza esta violencia política?
Es todavía una violencia rudimentaria y posee más bien un impacto simbólico, de movilización subjetiva, de motivación, de sentido de identificación con una causa. Son en su mayoría acciones de autodefensa ante la represión, tanto de la policía como de guardias de seguridad de forestales. Su expresión más sofisticada son los sabotajes a camiones y maquinarias. Es el camino transitado por la CAM y otros grupos desde fines de los 90.
¿Es posible hablar de acciones mapuche terroristas?
El terrorismo implica una atmósfera de terror con posibilidad cierta de atentados de gran magnitud que hagan peligrar la vida de población civil. Esto no es lo que sucede en las regiones del sur. La violencia utilizada por algunos grupos es casi exclusiva contra la propiedad privada forestal y agrícola. Ben Emmerson, relator especial sobre lucha contra el terrorismo de la ONU fue enfático en que la ley antiterrorista en Chile era parte del problema y no de la solución. Y llamó al Estado a buscar un acuerdo político.
¿Puede esta violencia política escalar hacia una vía armada?
Ni antes ni ahora el pueblo mapuche ha adherido a la lucha armada. Algo distinto es afirmar que han recurrido, cuando la situación lo ha ameritado, a la autodefensa. He estudiado a las organizaciones autonomistas, entrevistado a sus líderes y jamás escuché a un mapuche plantear la vía insurreccional.
¿Cómo se termina con la violencia en el conflicto?
Con diálogo político. Hoy la violencia por parte de los mapuches es aún marginal, la mayoría no recurre a ella, no la usa como método de lucha. La pueden encontrar legítima o no, pero no la han incorporado a su repertorio de acciones el cual es, primordialmente, institucional. Lo preocupante es que desde fines de los 90 toda una generación de mapuches ha nacido y crecido bajo represión, con mucho rencor hacia la policía, las autoridades y el Estado.
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