Martes 22 de diciembre de 2015
La Universidad Arturo Prat, que será incorporada a la gratuidad en 2016, pese a tener sólo 3 años de acreditación, estaría en una crisis financiera, académica y de credibilidad.
En la jornada del lunes 21 de diciembre, el Gobierno decidió, finalmente, que todas las universidades estatales y las que forman parte del CRUCH sean incorporadas al proceso de gratuidad que comenzará a regir en 2016. Si bien, se trata de una noticia positiva para 185.000 estudiantes en situación vulnerable a lo largo del país, la alegría que muchos pueden estar experimentando contrasta con la preocupación que existe entre los académicos, alumnos, funcionarios y egresados de la Universidad Arturo Prat (UNAP) de Iquique, por las denuncias sobre irregularidades en el manejo de recursos del plantel y que están en conocimiento de la Contraloría General de la República.
Hay que partir por mencionar que la Universidad Arturo Prat fue creada de acuerdo a la Ley N° 18.368, Institución de Educación Superior del Estado, como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Iquique, Región de Tarapacá. Esta Corporación Universitaria es miembro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas Tradicionales y de ahí, entonces, que a pesar de tener sólo tres años de acreditación, también será incorporada a la tan ansiada gratuidad para sus alumnos.
El abogado, Enzo Morales, quien conoce la Universidad Arturo Prat y egresó y tituló en dicha casa de estudios superiores asegura a EL MURO que “hay una serie de irregularidades que se han hecho cotidianas durante la administración del Rector, Gustavo Soto, junto al ex Rector que era su colega y socio, Carlos Merino y quien aparece vinculado al caso CORPESCA. Hay una serie de investigaciones de corrupción que han confirmado graves irregularidades cometidas por él y su equipo directivo, junto a las empresas asociadas a la UNAP, como la CORDUNAP –Corporación privada que pertenece a la Universidad-”.
El profesional asegura que en el caso de la CORDUNAP, “hay pago de sobresueldos académicos de jornada completa, pago por servicios no prestados, boletas falsas, proyectos millonarios financiados con transferencias del Gobierno Regional de Tarapacá que han sido ejecutados en forma incorrecta, respecto a las obligaciones que rige a la universidad”.
En el caso de los sobresueldos, el abogado Morales, quien es ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, plantea, por ejemplo, que “académicos teniendo jornada completa aparecen trabajando, al mismo tiempo, en la Universidad Arturo Prat y figuran, mediante servicios externos, en proyectos que se realizan en localidades alejadas a la casa central, trabajan en Iquique y el proyecto es en Pisagua, ¿en qué momento se trasladan 100 kilómetros para, en el mismo día y en la misma hora, cumplir la jornada completa como académico y como parte de proyectos financiados con fondos públicos del Gobierno Regional”.
Morales afirma que el Rector de la Universidad Arturo Prat, Gustavo Soto “es el responsable personal, junto a su equipo directivo, de tener sumida a la Universidad Arturo Prat de Iquique en una acreditación mínima. La universidad está en una crisis académica, financiera y de credibilidad”.
EL MURO accedió al Informe Final N° 13 del 23 de diciembre de 2014, de la Contraloría que plantea las conclusiones a la auditoría realizada a proyectos financiados con recursos del Fondo de Innovación de la Competitividad (FIC) –creado por el Estado en 2006-, que fueron entregados por el Gobierno Regional de Tarapacá a la Universidad Arturo Prat. Se trata de los proyectos: "Arrecifes artificiales" en la localidad de Pisagua, comuna de Huara, y "Producción de vino del desierto" en la localidad de Canchones, comuna de Pica, ejecutados durante diciembre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014 y con un financiamiento total de $ 959.763.350.
El objetivo de la auditoría fue específico: determinar si las transacciones financiadas cumplían con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encontraban debidamente documentadas, si las rendiciones estaban adecuadamente respaldadas y correctamente registradas.
En el Informe N° 13 se señala que “la UNAP desarrolla Fondos de Innovación para la Competitividad, en proyectos de investigación científica, innovación empresarial y emprendimiento, financiados por el Gobierno Regional, y ejecutados a través de convenios suscritos con la Corporación Privada para el Desarrollo de la Universidad Arturo Prat, CORDUNAP”.
Entre las conclusiones a las que se llegó, luego de realizada la auditoría, figuran las siguientes: “falta de registro oportuno de la documentación de respaldo de las rendiciones, del análisis efectuado a la documentación de respaldo de las rendiciones, de 41 revisadas, 34 de ellas, contienen facturas, boletas, etc., de fechas desfasadas al mes correspondiente de la rendición. Tal debilidad afecta el cumplimiento a las normas de control interno establecidas en la resolución N° 1.485, de 1996, en especial, el numeral 51 "Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos", donde se instruye que "el registro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones".
Se advierte que de la revisión efectuada a los proyectos de Generación de Arrecifes Artificiales y de Producción de Vino del desierto, de acuerdo a lo informado por el Gobierno Regional de Tarapacá, oficio ordinario N° 1.282/2014, “existen rendiciones observadas por ese Gobierno Regional, las cuales, a la fecha de la presente fiscalización, no han sido aclaradas por la UNAP, las que totalizan $ 18.596.750 y $ 64.334.737 respectivamente”. Esta situación, “vulnera el aludido numeral 43, de la citada resolución exenta N° 1.485”, en el sentido de que "las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos significativos deben estar, claramente, documentadas y la documentación debe estar disponible para su verificación".
En el caso de las compras realizadas por la UNAP para el proyecto Innovación Tecnológica para la Producción de Vino del Desierto no pudieron ser verificadas, porque la presentación de los gastos de las rendiciones no mantienen un orden adecuado, ya que se encontraron facturas y boletas de la Corporación en el ítem de "Gastos de Inversión", como también gastos de inversión en el ítem de "Difusión y Transparencia". Se agrega que “esa entidad, vulnera la norma específica de control interno "Documentación", establecida en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, en especial el numeral 44 que indica que una institución debe contar con pruebas escritas de todos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos. Asimismo, la documentación debe estar disponible y ser, fácilmente, accesible para su verificación al personal apropiado y los auditores".
Falta auditoría interna
En cuanto a la falta de procesos de Auditoría Interna “se constató que la Contraloría Interna de la Universidad no ha efectuado procesos de auditoría a los proyectos de Generación de Arrecifes Artificiales, en Pisagua e Innovación Tecnológica para la Producción de Vino del Desierto, en la Pampa del Tamarugal. Según el organismo contralor, “la debilidad descrita afecta el cumplimiento a las normas de control interno establecidas en la resolución N° 1.485, señalada precedentemente, en especial: el numeral 38 "Vigilancia de los controles", donde se instruye que "los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar, inmediatamente, las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia".
A esto se suma, que en el informe de la Contraloría se advirtió que la UNAP no envió los comprobantes de ingresos de las transferencias recibidas al Gobierno Regional de Tarapacá, correspondiente a los recursos para ejecutar los dos proyectos.
Otro antecedente que se manifiesta en el documento es respecto de los ingresos percibidos por la Universidad Arturo Prat, con ocasión de los proyectos FIC-2011, que sólo fue posible efectuar la revisión documental de las copias de los comprobantes de ingresos, ello, sin perjuicio de corroborar su contabilización y registro en las cartolas bancarias para acreditar el ingreso de los recursos. “Se observó que esa Casa de Estudios Superiores, no remitió los comprobantes de ingreso al organismo otorgante de los fondos, esto es, al Gobierno Regional de Tarapacá, por un monto total de $ 959.763.350. Lo descrito, vulnera el numeral 5.2 sobre Transferencias a otros Servicios Públicos de la resolución exenta N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, el cual establece en lo que interesa que "... el Organismo Público receptor estará obligado a enviar a la Unidad otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos...", como también se exige en la letra a) de la cláusula quinta del convenio celebrado”.
¿Dobles pagos?
Otro de los temas que aborda el organismo contralor dice relación con la falta de contrato de honorarios, pagándose prestaciones no convenidas, formalmente, a través de un acuerdo de voluntades, lo que, en la práctica, significa que la entidad no adoptó los procedimientos de control que permitieran resguardar, debidamente, el uso de fondos fiscales.
Asimismo, en los dos proyectos del FIC se detectaron boletas faltantes, con las cuales se respaldaría el desembolso realizado.
Es importante indicar que, de acuerdo a la investigación efectuada, se constató que los directores y algunos colaboradores de los mismos, son académicos de la Universidad Arturo Prat, contratados la mayoría de ellos con jornadas completas o media jornada y trabajaron en el Proyecto Innovación Tecnológica para la Producción de Vino del Desierto (Marcelo Lanino, jornada completa, Ingrid Poblete, jornada completa, Alex Zúñiga, jornada completa) y en el Proyecto Generación de Arrecifes Artificiales en Pisagua (Carlos Merino, media jornada, Pedro Pizarro, media jornada, Rosalino Fuenzalida, jornada completa y Liliana Herrera, jornada completa). Según el informe de la Contraloría, “es necesario observar que los citados profesores de la UNAP, en algunas ocasiones, desarrollan estas actividades en sus horarios de trabajo, es decir, utilizando horas académicas para realizar las labores en los proyectos, funciones por las cuales reciben el pago de honorarios por parte de la CORDUNAP, lo que podría implicar que a las personas se les esté pagando por horas académicas no realizadas y, por ende, recibiendo un doble pago”.
También quedó en evidencia, que en el proyecto Innovación Tecnológica para la Producción de Vino del Desierto se detectaron gastos duplicados en honorarios, lo que afecta el cumplimiento de la norma de control interno "Vigilancia de los controles", dispuesta en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, puesto que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar, inmediatamente, las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia”.
Cabe mencionar que del análisis documental a las cartolas bancarias de las cuentas corrientes de la Universidad, que tiene destinada para los proyectos, la Contraloría estableció que éstas eran usadas, además, para el manejo financiero de otras iniciativas, vulnerando las bases de los proyectos FIC 2011, en el numeral 17, de ambos proyectos, el cual señala que deberá existir una cuenta corriente exclusiva para la iniciativa”.
Y la lista de anomalías suma y sigue. Otro ejemplo: existen diferencias por $ 11.253.093, entre las rendiciones mensuales de los proyectos fiscalizados presentados por la UNAP, en relación a la información que registra el Gobierno Regional de Tarapacá.
Así las cosas, las denuncias en contra del manejo de recursos y administración de la Universidad Arturo Prat y de las entidades privadas asociadas a ella, pareciera ser el inicio de una crisis que, justo ahora, que la UNAP ha figurado, en los últimos días con mayor frecuencia en los medios de comunicación a raíz de que, originalmente quedaría fuera del proceso de gratuidad 2016 por tener sólo tres años de acreditación, siendo estatal y, ayer se confirmó que será incorporada al listado, se ha comenzado a develar.
Daisy Castillo Triviños/El Muro
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